Defensores de derechos humanos alertan sobre recrudecimiento del orden público en el norte de Antioquia

En los últimos días en el Norte de Antioquia, las autoridades han dado a conocer que enfrentamientos entre estructuras delincuenciales, como el Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc, han dejado un saldo preliminar de 137 personas desplazadas, pertenecientes a 58 familias, entre las que se incluyen 41 menores de edad, del corregimiento Pueblo Nuevo hacia el casco urbano de Briceño.

Autoridades locales y departamentales han brindado acompañamiento a las familias, atención humanitaria y se espera el acompañamiento de las fuerzas militares para darse el retorno de las familias que salieron desplazadas por los combates entre grupos ilegales.

“En este momento, la situación que se vive en el municipio es de una tensa calma. La administración continua con la atención integral de la población en situación de desplazamiento; le estamos brindando el alojamiento, la alimentación y la atención psicosocial. Estamos a la espera de que la zona sea consolidada por parte del ejército, que otorguen las condiciones de seguridad que permitan el retorno de la población, ya que ese es el mayor clamor de los campesinos desplazados”, señaló Luis Eduardo Valencia, secretario de gobierno de Briceño.

Ante estas situaciones, defensores de derechos humanos de Antioquia expresaron preocupación por la situación de orden público en el norte del departamento. Argumentan que urge tomar medidas que den seguridad a las comunidades, dicen que se necesita que el Gobierno nacional llegue a estos territorios y se dé una atención prioritaria a las zonas más afectadas por la violencia.

“En la misma situación de Briceño habría que incluir también a Yarumal; ubicados en la subregión del Norte, donde en la actualidad la situación es bastante compleja.

Yuramal tiene zonas limítrofes con Briceño; hay tensiones y disputas muy fuertes. Según las autoridades, hay un avance fuerte del clan del golfo, quienes estarían buscando fortalecerse en esta zona, ya que para los grupos armados es un sitio estratégico”, manifestó Luis Fernando Quijano, presidente de la asociación Corpades.

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De acuerdo con los defensores de derechos humanos, la disputa territorial ha registrado no solo desplazamientos, sino homicidios, por lo que se hace necesario que estas situaciones sean atendidas seriamente por parte del Gobierno colombiano, ya que podrían recrudecerse en los próximos días. También piden a las autoridades locales que tengan un plan de emergencia preparado para la protección a la población civil de estos territorios del norte de Antioquia.

“Lo que ha venido ocurriendo en el Catatumbo no debería estar repitiéndose, o no se debería repetir en zonas así como la subregión Norte de Antioquia, pero la situación es compleja y hay que decirle al Gobierno nacional, en cabeza de la policía, ejército, Ministerio de Defensa y todo el conjunto del Estado, que aquí están para que prueben que es posible aplacar o mitigar un poco las situaciones de violencia que se está viviendo y que se podría recrudecer”, concluyó Quijano.

Desde la Secretaría de Seguridad de Antioquia, se indicó que la confrontación armada que hay entre estos grupos se da por el control territorial en ese sector del departamento y que en el momento el Ejército Nacional está llegando hasta las zonas afectadas para garantizar la seguridad a las familias, buscando que puedan retornar a sus sitios de origen.