Con el objetivo de brindar segundas oportunidades a personas que han estado privadas de la libertad, el Gobierno nacional firmó el decreto por medio del cual se adopta la política de atención para que puedan ingresar al entorno laboral y social, sin prejuicios y sin restricciones jurídicas.
El presidente Gustavo Petro resaltó la importancia del trabajo en el campo como vía para la resocialización y recuperación de tierras productivas.
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“Me parece que una de las primeras tareas, si queremos que este decreto no se quede en palabras, sino que se convierta en realidad, es recuperar parte de esas tierras. Hagamos realidad el sueño de nuestros abuelos, quienes veían en el trabajo agrícola una oportunidad para que una persona privada de la libertad pudiera redimir su espíritu, sanar sus heridas y reconciliarse con la vida, abriendo surcos y produciendo alimentos bajo el sol”, expresó el mandatario.
La implementación ya ha comenzado a tomar forma en varios centros penitenciarios. Jaime, un recluso que participa en estos programas, destaca la disposición de muchos internos para trabajar y capacitarse.
“Debo decir que ninguno de los reclusos que estamos aquí es ocioso. Todos salimos a trabajar, todos acudimos al llamado del trabajo. Estamos con la disposición. Necesitamos que esto se visibilice, que se reconozca la necesidad de nuestros programas y procesos individuales” enfatizó.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó que esta política contempla incentivos tributarios y administrativos para las empresas que vinculen laboralmente a personas que han estado en prisión.
“Le estamos apostando a un modelo que significa no solo preparación y adquisición de conocimientos, sino también resocialización. Sobre todo, buscamos preparar a las personas para la libertad. Este es un paso fundamental: decirle a la sociedad que reciba nuevamente a quienes han aceptado sus errores y desean cambiar. Podemos afirmar que esta ley contempla varios incentivos tributarios y administrativos para quienes apoyen estos proyectos de cárceles productivas”, dijo la ministra Buitrago.
El objetivo final de la norma es ofrecer a quienes deseen cambiar, un camino en el que prime la educación y la productividad que no se centre en los castigos como ha sucedido por años en las prisiones, como lo resaltó el presidente Petro: “Lo que buscamos es que esto deje de ser un centro de castigo y se convierta en un centro de educación y producción, que siga funcionando incluso después de que termine la condena. Nos interesa humanizar la cárcel”.
Esta política marca un giro humanitario en el sistema penitenciario colombiano. Más allá del castigo, el enfoque se centra en brindar oportunidades reales de transformación a través del trabajo, la educación y la inclusión social.