Víctimas que invadían proyecto de vivienda fueron desalojadas en el Guaviare
En la ciudad de San José del Guaviare, se adelanta un plan de viviendas de interés social por parte de la administración municipal, llamado urbanización Villa Andrea, el cual no ha finalizado luego de más de una década de construcción, y con el pasar del tiempo, sirvió de refugio para familias desplazadas por el conflicto armado en esta región del país.
Durante la pandemia por el COVID-19, al menos 28 familias ocuparon ilegalmente 20 apartamentos, dando inicio así, a la “querella policiva 004 de 2020”; que falló a favor de la Alcaldía de San José del Guaviare, el 26 de enero de 2023.
“Tras la decisión del juez, dimos un tiempo de cinco días para que desalojaran voluntariamente, pero luego de casi cinco meses, debimos hacer cumplir el fallo”, explicó Didier Gamboa Yepes, inspector de Policía de la ciudad, durante el operativo adelantado este 11 de julio.
Por su parte, las víctimas señalan que en medio de las audiencias se plantearon alternativas, pues no desconocen que los apartamentos fueron asignados a otras personas, “pero la intención de la Alcaldía era sacarnos, solo eso”, explicó Margarita López, quien es desplazada de la vereda Los Lagos de Miraflores, por el conflicto armado.
A través de la Defensoría del Pueblo Regional, se brindó acompañamiento a estas familias y apoyo jurídico, pero el recurso de tutela falló en contra. Además, Carlos Sánchez, líder social en San José del Guaviare, señaló: “nunca notificaron a la Unidad para las Víctimas en territorio sobre el desalojo, cosa que no es obligación, pero era indispensable para no revictimizar a estas familias si lo que se quería era actuar de buena fe”.
Adicionalmente, durante el operativo que fue acompañada por el Esmad, los beneficiarios del proyecto que aún no han recibido sus inmuebles, aseguran desconocer “cuál es, o quién tiene los apartamentos. Poseemos la carta cheque, pero nadie nos da razón de dónde vamos a vivir y ya son más de 16 años en eso”, indicó Martha Franco.
Finalmente, Carlos Sánchez explicó que la tutela interpuesta por las víctimas que falló en contra, fue impugnada y será el Consejo de Estado quien tome la última palabra, razón “por la que no entendemos cómo la Alcaldía realizó el desalojo. Si el último recurso nos da la razón, deberá la administración reubicar a esas 28 familias víctimas, a las que reiteradamente vulneran sus derechos”.
