A juicio disciplinario Sorrel Aroca, exgobernadora del Putumayo, por presunta corrupción
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a la exgobernadora del Putumayo, Sorrel Parisa Aroca, por presuntas irregularidades en contratación cuando estuvo en el cargo, entre 2016 y 2019.
La investigación del ente de control tiene que ver con las presuntas irregularidades que se presentaron en la contratación de un servicio de vigilancia para las instituciones educativas del departamento, contrato que asciende a los $5.453 millones.
Así mismo, el Ministerio Público también formuló cargos por los mismos hechos al exsecretario de educación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado.
El material dado a conocer por la Procuraduría advierte que al parecer los exfuncionarios habrían omitido la licitación pública en ese contrato para impedir que se escogiera “la oferta más favorable para el departamento”, luego de lo cual, de acuerdo con el ente disciplinario, se habría asignado a dedo el contrato.
Este cambio habría permitido exigencias a los posibles oferentes para que desarrollaran “un contrato de similares características en Putumayo, requisito que posiblemente limitó la participación de empresas legalmente reconocidas y con experiencia en el área de la vigilancia”.
Para la Procuraduría , estas “exigencias restrictivas de la libertad de concurrencia que finalmente limitaron una participación más amplia de oferentes, allanando el camino para que una sola firma o proponente fuera habilitada para ofertar y finalmente seleccionada”, motivo por el cual se abrió el juicio disciplinario contra ambos funcionarios.
Los resultados de esta investigación fueron presentados en medio del Congreso Mundial de Juristas que se desarrolla en Barranquilla.
Cabe mencionar que este no es el único delito por el que investigan a Aroca, quien el pasado mes de octubre fue acusada por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de homicidio culposo.
El ente acusador asegura que, presuntamente, la exfuncionaria incurrió en omisiones que terminaron con la muerte de 344 personas en Mocoa, tras la avalancha ocurrida el 31 de mayo de 2017.
La Fiscalía aseguró que la exmandataria no tomó las determinaciones que habrían evitado la tragedia durante la ola invernal que se presentó en la época en la que ocurrió la avalancha y le reprochan que, ante la existencia de la situación de riesgo, la mandataria no desplegó las acciones necesarias.
Según el documento, la entonces gobernadora “obvió las advertencias, controles y se abstuvo de realizar las actividades que le eran exigibles para evitar las consecuencias del fenómeno natural presentado entre el 31 de abril y primero de octubre de esa anualidad”.
Agrega la acusación que la situación era previsible, porque existía una evidente situación de riesgo generado por un factor de naturaleza que le exigía el deber de actuar a la exmandataria regional.
