Esta es la demanda que busca hundir 13 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana

Un grupo de congresistas y organizaciones sociales radicaron ante la Corte Constitucional una demanda contra la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual fue promulgada recientemente por el presidente Iván Duque.

A juicio del ejecutivo, la ley tiene por objeto "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional".

No obstante, el documento de 117 páginas presentado ante el alto tribunal, se argumenta que la Ley 2197 de 2022 tendría apartes que son inconstitucionales.

Dentro de las razones expuestas, la demanda asegura que la ley aprobada “retoma la vieja fórmula del punitivismo”, lo cual representaría un nuevo riesgo en términos de seguridad ciudadana: “el de un Estado autoritario y que legalmente puede actuar en contra de derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la protesta social, la libertad de expresión o el debido proceso”, agregaron los demandantes.

“El objeto de esta demanda de inconstitucionalidad es demostrar que esta norma va a en contra de derechos fundamentales, y que además puede terminar siendo un instrumento que se utilice para violar derechos, es el caso, la posibilidad que otorga de que ciudadanos y particulares hagan uso de la fuerza quitando la posibilidad del monopolio de la fuerza del estado, pero también la restricción a la movilización social y protesta ciudadana”, señaló el senador Iván Cepeda, quien es una de las personalidades que firma la demanda.

Estas afirmaciones se dan especialmente por lo reglamentado en el artículo 5 de la ley, el cual establece el aumento de penas en el Código Penal de hasta 60 años de prisión. “Resulta en la práctica, como la posibilidad de que las personas que cometan delitos pasen toda la expectativa de su vida al interior de una cárcel, configurándose en una pena cruel inhumana o degradante”, argumentaron los demandantes en el documento.

Dentro de los aspectos más relevantes de la acción sobresale el cuestionamiento al empleo de fuerza letal, ubicado en el artículo 3; al aumento de la pena privativa de la libertad a 60 años (en el artículo 5); a la creación de nuevos delitos, como los contenidos en los artículos 13 y 20, que según la demanda "criminalizan la protesta y obstaculizan la defensa de los Derechos Humanos, así como la veeduría y el control sobre la función pública a la incorporación de múltiples medidas de agravación punitiva".

"Demandamos el artículo 3, por introducir la expresión 'La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno', pues con ella se viola el principio de proporcionalidad constitucional", aseguran los demadantes.

Y agregaron que, "esta Ley no tiene fundamentos científicos ni empíricos que justifiquen la idoneidad del aumento en el máximo de penas para prevenir el delito. Y, por el contrario, agravaría la tasa de encarcelamiento, hacinamiento oración de las personas privadas de la libertad en cárceles, las cuales tienen problemas estructurales".

Así mismo, la demanda cuestiona lo estipulado en el artículo 12 de la mencionada ley, "por cuanto observamos desproporcionado el tratamiento penal dado a la 'invasión de tierras', en vista de que el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con herramientas en el derecho agrario, civil y policivo para solucionar temas relacionados con bienes privados y públicos".

A su vez, mostraron su inconformidad frente al nuevo delito de obstrucción a la función pública, el cual impone una pena de tres a cinco años en prisión para quienes impidan este ejercicio.

En el documento se explica que podría “ser utilizado de forma arbitraria por los agentes de la Policía Nacional, en perjuicio de los y las defensores de Derechos Humanos”, añadiendo que afectaría el ejercicio de escrutinio, veeduría, denuncia y control a los funcionarios públicos.

La acción de inconstitucionalidad contra la vigente ley de seguridad ciudadana tiene en total 18 pretensiones con la que los demandantes buscan que la Corte derogue esta ley que entró en vigencia a finales de enero.

La demanda fue presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Campaña Defender la Libertad, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías-Cauca, y los congresistas Iván Cepeda Castro, Wilson Arias y Jorge Torres.