La Contraloría General de la República anunció un hallazgo fiscal por el proyecto conocido como “Bachué” por cerca de 8.975 millones de pesos que buscaba un sistema de información registral de restitución como formalización de tierras.
Este sistema estaba destinado a cubrir los procesos de técnica registral, protección, restitución y formalización de tierras, siendo una iniciativa de gran relevancia para la entidad.
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Esta denuncia se da a conocer luego de que la Superintendencia suscribió dos contratos fundamentales: el contrato número 926 de 2016, por un valor de $26.575.409.440, y el contrato de interventoría (contrato No. 814 de 2017), que ascendió a la suma de $3.281.167.922. Ambos contratos fueron objeto de una exhaustiva evaluación en el marco de la Actuación Especial de Fiscalización.
El contralor encargado, Julio César Cárdenas, explicó que estas implicaciones significativas de los contratos se darín por la mala gestión de los recursos públicos:
“Desde la firma de los contratos en 2017, a fecha de hoy ese contrato no se cumplió, ni siquiera el software, por lo que ese contrato se perdió totalmente”.
La entidad manifestó que continuará con las acciones correspondientes para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y garantizar la transparencia en el proceso.