En Colombia, los cuerpos de las mujeres narran la historia del conflicto armado

Afganistán, República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe, Siria, Ucrania y Yemen son los casos más representativos del mundo en cuanto a registros de violencia sexual en conflictos armados. Así lo indica el más reciente seguimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en un informe comprendido entre enero y diciembre de 2022, publicado en junio de 2023. 

Estos casos representativos podrían haber aumentado en 2024 por cuenta de la vigencia de conflictos armados en el mundo, que exponen a las niñas y mujeres a violencias sexuales que han sido consideradas históricamente como estrategias de guerra. 

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Es la razón por el que el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos traza anualmente metas que permitan concienciar sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos, honrando a las víctimas sobrevivientes del mundo y rindiendo homenaje a quienes han dedicado su vida a erradicar estos delitos. 

De esta manera, en 2024 esta conmemoración está direccionada a estrategias para proteger los hospitales en situaciones de guerra y conflictos, entendiendo su alto nivel de incidencia en la reparación a las víctimas sobrevivientes de esta violencia. 

Panorama en Colombia

Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia se crearon entidades y rutas que involucran de manera directa el seguimiento de las violencias a las niñas y mujeres en el marco del conflicto interno armado del país. Un panorama en el que el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas y el Sistema de Paz Integral, que incluye a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, han realizado esfuerzos por reconocer, escuchar y reparar a las mujeres que han sufrido violencias sexuales. 

Según la resolución 69/293 de 2015 de Naciones Unidas, se refiere a: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable que se perpetran contra mujeres, hombres, niñas o niños y que tienen una vinculación directa o indirecta con el conflicto. 

De esta manera, aunque no existe un consolidado de cifras que reúna los registros de estas entidades, se ha demostrado que la huella que ha dejado la violencia sexual en conflictos es de gran magnitud. En total, se registran 17.434 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno entre 1944 y 2023, con un alarmante dato que da cuenta de que el 30% de estas víctimas son menores de edad. Estas violencias sexuales han sido perpetradas por grupos armados ilegales, paramilitares y por fuerzas del Estado. 

Víctimas de violencia sexual en el Cauca

Un panorama que parece no tener fin en territorios como el departamento del Cauca, donde en el primer semestre de 2024, se han presentado constantes violaciones del Derecho Internacional Humanitario por cuenta de la presencia de grupos armados organizados, entre los que se encuentran 11 estructuras armadas ilegales.

Así lo informó Valentina Aldana, coordinadora regional Cauca de la organización Ruta Pacífica de las Mujeres, indicando que “uno de los factores que más afectan a las mujeres caucanas, es la exacerbada militarización, el reclutamiento forzado a menores y los riesgos latentes a lideresas sociales”, en un balance que compartió en la instalación de la IV Mesa de Alto Nivel para Prevención de Feminicidios y Otras Violencias Letales. 

Aunque el gobierno colombiano y organizaciones no gubernamentales han realizado esfuerzos para atender esta crisis implementando políticas de protección de derechos humanos y apoyo a las víctimas, la violencia sexual en conflictos sigue siendo un problema significativo que requiere una respuesta continua, con participación de gobiernos locales, departamentales y del gobierno nacional. 

Rosi Albani Pérez, representante de la Mesa de Participación de Víctimas del departamento del Cauca y representante de víctimas de violencia sexual en la Mesa Nacional de Víctimas, destacó que: “el Cauca está en una deuda con estas víctimas, no solo con todas las víctimas que hacen parte de este conflicto, sino también con las víctimas de violencia sexual, ya que en el departamento no hay una estrategia de atención clara y concreta para atender este hecho victimizante que es uno de los más duros en el marco del conflicto armado”. 

Existe un subregistro que solo se aproxima a los casos reales, ya que esta población víctima no declara haber sufrido este tipo de violencias: “la población por temor no declara el hecho de violencia sexual por miedo y más cuando las afectaciones son un embarazo a raíz de ese hecho victimizante. Entonces creo que hace falta mucho en el territorio para poder reconocer las víctimas de violencia sexual, que comprende niños, niñas y mujeres adultas, hombres heterosexuales y población LGTBIQ+”. 

Por su parte, Fulvia Chunganá, integrante de la Organización Social Tamboreras del Cauca, mencionó frente a los registros de víctimas de violencia sexual que, “hemos insistido que la reparación integral y en esas la necesidad de la no repetición, sin embargo, sigue ocurriendo, las estadísticas crecen, aunque no son reales, no son veraces porque hay mujeres que van al médico, pero no quieren hacer una denuncia”.

Medidas para la eliminación de violencia sexual en conflictos 

En Colombia se han generado mecanismos legislativos como la Ley 1719 de 2014, que busca garantizar la protección integral de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y que plantea medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos crímenes, mecanismos de escucha para aportar a la memoria del conflicto armado colombianos. 

El reconocimiento de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a través de la Comisión de la verdad, el monitoreo de casos y de implementación de mecanismo de prevención por parte de la Defensoría del Pueblo, y cientos de capacitaciones y de sensibilización sobre este tema, a través de entidades públicas y privadas, y especialmente de organizaciones sociales de mujeres que por todo el territorio colombiano, toman de todas estas herramientas para generar impacto en sus comunidades.

Yazmín Muñoz, comunicadora social y activista por los derechos de las mujeres de Popayán, mencionó algunos de los asuntos que las organizaciones sociales ayudan a visibilizar: “es un llamado a pensarnos como sociedad sobre el valor de la vida de las mujeres.

Un llamado a pensar y a transformar la cultura militarizada que está tan instalada, así como el patriarcado que normaliza las violencias a las mujeres, a detener la guerra porque en el marco del conflicto armado todas las violencias que sufrimos las mujeres se exacerban y un llamado a reconocer que necesitamos reparar los territorios y los cuerpos de las mujeres”.