Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años en todo el mundo experimenta algún trastorno mental. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento figuran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad, mientras que el suicidio se posiciona como la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Estos trastornos, sumados a la estigmatización en torno a la salud mental, presentan un desafío significativo para la sociedad.
En Colombia, la situación no es diferente. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, los trastornos más comunes en la adolescencia incluyen la ansiedad, la fobia social y la depresión. La ideación suicida afecta al 6,6 % de esta población, mientras que en la adultez, el 6,7 % ha experimentado trastornos afectivos, siendo la comunidad universitaria una de las más afectadas.
"Las problemáticas de salud mental están cada vez más presentes en las Instituciones de Educación Superior. Antes de la pandemia, ya observábamos un aumento en la cantidad de jóvenes con estos trastornos, que afectaban su desarrollo educativo. Tras la pandemia, esta tendencia se ha acentuado, y ya no podemos simplemente decir a los estudiantes que busquen terapia y luego regresen", señala Carolina Jurado, coordinadora del proyecto de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Politécnico Grancolombiano para la salud mental.
Jurado enfatiza que esta problemática requiere la participación y el compromiso de varios agentes para abordar la prevención, promoción, atención integral e inclusión social de las personas con trastornos mentales.
"La responsabilidad no debe recaer únicamente en el sector de la salud, ya que aunque la atención clínica es esencial, no será sostenible en el tiempo si el sector educativo no implementa estrategias, redes y canales de apoyo para garantizar el bienestar de estudiantes y colaboradores. Es un enfoque integral en el que es crucial comprender las realidades de cada región según su idiosincrasia y cultura", subraya Jurado.
En esta senda, se vuelve esencial desarrollar estrategias para monitorear los factores de riesgo psicosocial a los que pueden estar expuestos estudiantes, docentes y personal administrativo, así como los factores de protección. Esto permitirá mantener, mejorar y restaurar la salud mental de quienes trabajan en el sector educativo.
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Uno de los puntos de partida es la reciente publicación del libro 'Orientaciones en Salud Mental y Discapacidad Psicosocial para el Sistema de Educación Superior', producto de una colaboración entre el Ministerio de Educación Nacional, la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, la Asociación de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) y la ONG Fundamental Colombia.
Este proyecto surge del CONPES 3992, un documento de Política Pública que establece la 'Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia'. Las estrategias se centran en la intersectorialidad, la creación de entornos saludables y la inclusión social, lo que ha fomentado la transferencia de conocimientos a través de la participación de diversos actores en las Instituciones de Educación Superior.
El libro, producto de casi cuatro años de trabajo, está dividido en cuatro capítulos que detallan acciones referentes a la prevención, atención y mejora de la salud mental en las instituciones. También promueve el análisis de contextos particulares y realidades sociales para adaptar las prácticas recomendadas.
"Esta experiencia nos ha demostrado la importancia de colaborar y compartir prácticas y estrategias entre instituciones. Lo que funciona en una puede ser un punto de partida valioso para otra. Necesitamos unirnos para generar cambios transformadores en nuestras comunidades", destaca Jurado.
El documento recomienda una serie de acciones para fortalecer el abordaje de la salud mental en las Instituciones de Educación Superior, incluyendo la coordinación intersectorial a nivel local, departamental y nacional, la promoción de entornos saludables, el enfoque social y de derechos humanos en la salud mental, el intercambio de conocimientos y recursos, el involucramiento familiar en la formación de estudiantes y la cooperación entre usuarios de servicios de salud mental.
A pesar de los avances normativos y de políticas en Colombia, queda trabajo por hacer en cuanto a la articulación intersectorial para promover la salud mental. Se hace un llamado a todas las Instituciones de Educación Superior a sumarse a estos esfuerzos y contribuir al bienestar mental de la comunidad académica.