En comunicado de prensa, la Fiscalía confirmó que Ecopetrol asumió su responsabilidad con la afectación ambiental que dejó el derrame de aproximadamente 550 barriles de petróleo el 2 de marzo de 2018 sobre la quebrada La Lizama y el caño La muerte, en el corregimiento La Fortuna de Barrancabermeja.
Después de tres años de investigaciones, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos en la Protección a los Recursos Naturales y El Medio Ambiente del ente acusador pudo convenir un acuerdo para que la estatal petrolera desarrolle un Plan de Recuperación Ambiental (PRA) para compensar los daños ocasionados.
En el proceso la empresa admitió que la emergencia generó un grave daño a los cuerpos de agua, al suelo, la flora y la fauna del corregimiento La Fortuna. Razón por la que los pescadores y habitantes de la región se quedaron sin fuentes de trabajo, de alimentación y con detrimentos en su ecosistema cercano.
Según Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Ecopetrol deberá, además, pagar indemnizaciones a los afectados. “Serán cerca de 6.500 millones de pesos a pescadores y comerciantes por el impacto económico generado con la contaminación a las fuentes hídricas”, dijo.
Para aquel tiempo la mancha de crudo que dejó el manejo inadecuado del pozo Lizama 158 permaneció durante 15 días con apariencia espesa por 27 kilómetros hasta el río Sogamoso.
Cecilia Mantilla, habitante de la zona, recordó que para la fecha se veían decenas de peces muertos sobre la quebrada La Lizama. “Eso fue terrible porque era mejor no usar el agua para nada, era una mortandad de peces por todos lados, y uno se daba cuenta que hasta los pajaritos ya no estaban por aquí”.
El incidente dejó 873 víctimas, entre pescadores y comerciantes, que serán reparadas económicamente. Además, del PRA, que contempla 11 grandes acciones con las que, según la delegada de la Fiscalía para estos asuntos, tendrán que “corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ocasionados, un proceso de tres años”.
Como lo explica el acuerdo que presentó la Fiscalía a un juez de control de garantías, Ecopetrol debe encargarse de la limpieza, tratamiento y monitoreo de los cuerpos de agua; obras de protección y defensa de los ecosistemas; adecuación del área donde se registró el afloramiento de hidrocarburos; rehabilitación de la vegetación y las llanuras de las zonas ribereñas; creación de viveros con plantas nativas; reincorporación de fauna silvestre y microorganismos necesarios para la conservación de los ecosistemas, y capacitaciones a la comunidad de La Fortuna.
El proceso se realizará de acuerdo a las instrucciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y se cancelará durante nueve meses un salario mínimo a 752 pescadores acreditados por la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (PISPESCA) .