La tragedia de Guayaquil: el asesinato de cuatro niños pone en evidencia la crisis de seguridad en Ecuador
Las víctimas, identificadas como Steven Medina, Nehemías Arboleda, Ismael Arroyo y Josué Arroyo, fueron reportadas como desaparecidas tras ser detenidas por militares en el barrio de Las Malvinas el 8 de diciembre, en el contexto de una investigación por un presunto robo. Sus restos fueron encontrados semanas después en Taura, cerca de una base militar, lo que llevó a las autoridades a calificar el caso como desaparición forzada.
Investigación y reacciones iniciales
La Fiscalía General del Estado ha iniciado procesos legales contra 16 miembros de la Fuerza Aérea ecuatoriana por su presunta implicación en los hechos, y un juez ha dictado prisión preventiva para los involucrados. Este caso ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional, poniendo de manifiesto tensiones en torno al papel de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana.
Los funerales de los menores se convirtieron en un acto de protesta, donde familiares y ciudadanos exigieron justicia y medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan. En respuesta, la Asamblea Nacional declaró tres días de luto oficial, aunque este gesto ha sido considerado insuficiente por diversos sectores de la sociedad.
El contexto de violencia en Ecuador
El asesinato de los cuatro menores no es un caso aislado, sino parte de un patrón de aumento de la violencia en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de homicidios en 2024 superó los 15 por cada 100,000 habitantes, más del doble que el promedio registrado durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Este incremento ha sido atribuido a factores como el fortalecimiento de bandas criminales, debilidades institucionales y una percepción creciente de impunidad.
Mientras que gobiernos anteriores implementaron políticas de seguridad integrales, incluyendo el fortalecimiento de la Policía Nacional y la inteligencia, el contexto actual plantea desafíos significativos para el control de la criminalidad y la protección de los derechos humanos.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el riesgo de abusos en el contexto de la militarización de la seguridad ciudadana. En este caso, han solicitado al gobierno ecuatoriano garantizar una investigación transparente e independiente.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó al caso comparándolo con la relación entre las fuerzas armadas y las comunidades en Colombia. Petro destacó un reciente operativo de rescate de cuatro niños indígenas en la selva colombiana como un ejemplo de reconciliación entre militares y poblaciones vulnerables, subrayando que "es la vida el puente de la unión".
El gobierno ecuatoriano enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y contener la violencia mediante políticas que prioricen el respeto a los derechos humanos. Casos como el de Guayaquil evidencian la necesidad urgente de mejorar la supervisión de las fuerzas de seguridad y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad para todos los ciudadanos.
Mientras la sociedad ecuatoriana exige respuestas claras y acciones concretas, el país se encuentra en un punto crítico para definir su estrategia de seguridad y el futuro de sus instituciones.
