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Más de 50 billones de pesos se pierden al año por corrupción en contratación pública, alertan congresistas

Congreso debate reforma a la Ley 80 tras escándalo de contratación, 10 contratistas manejaron el 30% del presupuesto en 10 años
Geraldine Rozo

En una audiencia pública en el Congreso de la República, las congresistas Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Aída Avella (Pacto Histórico) denunciaron graves irregularidades en la contratación pública del país y llamaron a transformar urgentemente la Ley 80, vigente desde 1993.

La representante Velásquez reveló que, entre 2013 y 2023, solo 10 contratistas concentraron cerca del 30% del total de la contratación estatal, de acuerdo con cifras del SECOP II.

Esto equivale a más de 97,7 billones de pesos. “Está diseñado para los grandes, pero no para los pequeños. Hay que abrir la participación y asegurar que quienes contratan hagan lo que se comprometen a hacer”, afirmó.


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Velásquez también citó un informe de la Contraloría que evidenció que de 1.069 obras analizadas, 472 son elefantes blancos, construcciones inconclusas o inservibles.

El 61% de las obras entregadas no funciona, como escuelas sin estudiantes y centros de salud sin atención.

Solo un 8% de las obras con problemas se encuentra en proceso de terminación. “No podemos permitir que se sigan perdiendo recursos públicos. Esta plata es nuestra, es de nuestros impuestos”, subrayó.

Por su parte, la senadora Aída Avella advirtió que la corrupción en la contratación pública representa pérdidas anuales de más de 50 billones de pesos, lo que equivale al 4% del PIB nacional.

“Casi que una reforma tributaria se pierde cada año en Colombia. Esto no puede seguir”, aseguró.

Avella añadió que, en muchos casos, “los interventores son llevados por los contratistas, lo que elimina cualquier control real”.


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Además, denunció que en 2023 se registraron 1.753 obras inconclusas, con un valor de $15,2 billones, y que entre 2016 y 2022 se perdieron $21 billones por corrupción comprobada.

Ambas legisladoras hicieron un llamado a respaldar el nuevo Proyecto de Ley que busca reformar la Ley 80. Esta iniciativa plantea, entre otros puntos, la ejecución directa de obras por el Estado, sanciones más severas, y un rol activo para la ciudadanía en la vigilancia y ejecución de contratos.

“Los recursos públicos deben ser sagrados”, concluyó Avella. “No podemos seguir normalizando este robo sistemático que le arrebata derechos fundamentales a millones de colombianos”.

Finalmente, indicaron que el proyecto continuará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara, donde se espera un amplio debate, con la mirada atenta de la sociedad civil y los medios de comunicación.

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