La Organización de Estados Americanos recordó a los órganos administrativos y disciplinarios en Colombia que no pueden tomar acciones en contra de los derechos políticos de los ciudadanos, ante las denuncias del Pacto Histórico sobre presunta “persecución política” desde la Procuraduría General.
El pronunciamiento de este organismo se dio por medio de un comunicado, luego de que congresistas del Pacto Histórico, entre ellos, la senadora María José Pizarro y el representante a la Cámara, David Racero, solicitaran un pronunciamiento de fondo a las investigaciones y sanciones a algunos de sus integrantes desde la Procuraduría General.
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“De acuerdo con ello, es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio, que hace a la esencia del funcionamiento democrático y del Estado de Derecho”, señaló el comunicado.
La OEA aseguró que existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que garantizan el respeto y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y de las personas electas popularmente.
“La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) refleja lo establecido en el artículo 23 de la Convención, que establece parámetros para el ejercicio de los derechos políticos. Además, la jurisprudencia de la Corte IDH afirma que la materialización de los derechos políticos afianza el Estado de Derecho en el hemisferio”, señaló el comunicado de la OEA.
La bancada del Pacto Histórico anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares frente a la posición que ha tomado la Procuraduría General contra varios de sus miembros en acciones disciplinarias.