El Atrato, un río que tiene vida y derechos

Solo quienes viven a sus orillas saben que el río Atrato no es un río cualquiera, solo ellos saben que más que un río, por sus 750 kilómetros lo que transita es la vida misma, es un universo que lleva consigo una cantidad incalculable de diversidad biológica, y que sin mayores explicaciones es el cordón umbilical de una considerable población afrocolombiana e indígena que vive a diario de sus recursos.

El río Atrato recibe a su paso más de 150 ríos y unas 3.000 quebradas, da todas las oportunidades de supervivencia, nadie que vive al lado del río pasa hambre, el río es una conexión mística. Es un lecho de agua por el que se levanta imponente la naturaleza y la vida, pero irónicamente también un espacio condenado por la minería y el abandono que lo amenaza, si no se interviene ya por el Estado para el bienestar de los chocoanos y de todo el país.

Todo esto lo tuvo en cuenta el fallo de la Corte Constitucional al determinar, en un hecho histórico y sin precedentes en el país, que “el río Atrato debe ser sujeto de derechos” y le ordenó a la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Defensa Nacional, Salud y Protección Social, Agricultura, Vivienda, Ciudad y Territorio y Educación, así como a las gobernaciones del Chocó y Antioquia, entre otras autoridades nacionales, regionales y locales, protegerlo luego de años de olvido y no solo al río, sino al conjunto de la región, incluyendo sus afluentes.

Las comunidades étnicas representadas por el Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, interpusieron este recurso contra el Estado por no proteger los derechos toda vez que el río tiene una relación con la comunidad más allá de lo económico, cultural y biológico sino también de descendencia, ancestral y simbólica, como lo explica Luis Alberto Rivera Ayala, abogado, docente universitario e investigador.

Para el alto tribunal, “Las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas demandantes por su conducta omisiva al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales, que han generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños”, dice el fallo. La Corte recuerda que toda su jurisprudencia se ha basado en defender los valores ecológicos, ambientales y culturales. Esto es lo que esta instancia ha denominado una Constitución ecológica, verde o ambiental.

La orden de la Corte Constitucional es que el Gobierno conforme una ‘Comisión de Guardianes del río Atrato’, que protejan este afluente. Asegura que, aunque no se desconoce que la minería ilegal es sumamente compleja porque en esta confluye la pobreza, falta de oportunidades, desigualdad, prostitución, ilegalidad, violencia, actores armados y posconflicto, se deben tomar una serie de medidas de política minero-energética.

Así las cosas, la primera orden para el Gobierno es que “construya una política pública minero-energética que tenga en cuenta las realidades ambientales y sociales de la Nación”. También le ordenó al Gobierno elaborar un plan de fortalecimiento institucional para que las entidades territoriales puedan “enfrentar de forma efectiva toda actividad minera ilegal” empezando por nombrar los ‘Guardianes del río’ ”.

La Corte también dictaminó que las autoridades debían implementar un plan de acción para “neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento de Chocó”. Y, al mismo tiempo, restringir o prohibir de una buena vez el tránsito de insumos como combustible y sustancias químicas como mercurio y cianuro.

También pidió que se realicen cuanto antes “estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades, los cuales no pueden tardar más de tres meses en dar inicio ni exceder los nueve meses para su culminación”. La idea es tener un diagnóstico preciso de la problemática. Todas esas medidas están encaminadas a salvar el río Atrato, porque al salvar el río se salva su comunidad, el departamento, Colombia y una parte del planeta.