Aquellos años estuvieron marcados por la crisis institucional y la violencia de finales de los años 80.
El asesinato de líderes políticos como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, sumado al narcotráfico y la falta de confianza en las instituciones, llevó a un grupo de estudiantes universitarios a promover una iniciativa que buscaba reformar el país desde su Constitución.
Aprovechando las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1990, impulsaron la idea de incluir, de manera extraoficial, una papeleta adicional en la que los ciudadanos pudieran expresar su apoyo a una nueva Carta Magna.
A pesar de no contar con reconocimiento oficial en un principio, el movimiento creció rápidamente y logró captar la atención de la opinión pública y los medios de comunicación.
El Banco de la República documenta que "la votación informal de la séptima papeleta en las elecciones creó un hecho político que le permitió al gobierno facultar a la Registraduría para contabilizar los votos que se introdujeran por la convocatoria a la Asamblea Constituyente en las presidenciales de mayo de 1990".
De igual forma, esta entidad explica que "legitimó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que abrió la salida jurídica a la validez de una constituyente, casi imposible a la luz de la Constitución de 1886. Un total de 5’236.863 personas dio el sí por la Asamblea en las urnas durante las presidenciales".
Foto de: Banco de la República
Finalmente, la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada y el resultado fue la Constitución de 1991, que transformó el sistema político colombiano y amplió los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Hoy, 35 años después, la Séptima Papeleta sigue siendo recordada como un ejemplo del poder de la movilización ciudadana en la construcción democrática del país.
Su impacto en la historia de Colombia demuestra que la participación activa de la sociedad puede ser el motor de grandes cambios institucionales.