“Un líder social o un defensor de DD.HH. es un tejedor de voluntades”: Carlos Guevara
Por: @larale9024.
En Radio Nacional emitimos el especial ‘Misión defensores: ¡Que no nos cueste la vida!’, un documental sonoro que contará la historia de los líderes sociales y su luchas en diferentes rincones del país.
Para profundizar en el panorama de los líderes y defensores de Derechos Humanos en el país, en radionacional.co hablamos con Carlos Guevara, miembro de la organización ‘Somos defensores’.
¿Qué implica ser líder social y defensor de Derechos Humanos en un país como Colombia?
Ser líder social en Colombia es un privilegio, es una oportunidad de construir país. Es remangarse las mangas y trabajar por un país mejor y hacerlo real, no solamente quedarse desde la barrera viendo como otros construyen el futuro. Por otro lado, es una de las actividades de más alto riesgo. No solamente por el nivel de homicidios que ocurren en Colombia o por el nivel de impunidad en esos casos, sino porque es un ejercicio muy solitario. Los líderes sociales son funcionales a las comunidades en la medida en que den resultado, hay veces que las comunidades también son muy ingratas con sus propios líderes.
¿Cuál es la importancia de la existencia de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en la construcción de tejido social?
Un defensor de Derechos Humanos o líder social es aquel hombre o mujer que deja de pensar en sí mismo y comienza a pensar en los otros. Esa es la base fundamental en la construcción de tejido social. Un líder social o un defensor de Derechos Humanos es un tejedor de voluntades. Es frecuente en Colombia encontrar que muchos de estos líderes no sepan leer ni escribir, que no hayan asistido a la universidad y que sean de escasos recursos, pero eso no hace la diferencia, al contrario, creo que tienen un saber tradicional que les permite construir de manera oral y empírica procesos comunitarios con el único fin del bien común.
¿En qué zonas del país ocurren el mayor número de homicidios y agresiones a defensores de Derechos Humanos?
Los departamentos que registran mayor número de agresiones hasta el primer semestre del 2017 son: Cauca con 78 casos, Bogotá con 43, Valle del Cauca con 40, Antioquia con 23, Tolima con 19, Cesar con 18 y La Guajira con 18.
Más de la mitad de estos departamentos son territorios donde históricamente hubo conflicto armado, sectores donde se han presentado diversos problemas de orden público. Pero hay otros departamentos que nos llaman la atención y que no habían aparecido hasta hace muy poco en nuestra medición, es el caso de Cesar y La Guajira. En el último año, en estos departamentos se han incrementado exponencialmente las agresiones contra liderazgos asociados a temas de lucha por el territorio y temas medioambientales.
¿Cuáles son los grupos más victimizados en su liderazgo social?
El mayor nivel de victimización y de agresión es contra los líderes de Juntas de Acción Comunal. Esas personas que están en lo local, que pertenecen al órgano más básico de la democracia colombiana. También están los líderes comunitarios, a estos no hay una organización que los respalde, sin embargo, trabajan por sus comunidades. A renglón seguido están los líderes agrarios o campesinos y los líderes indígenas. Esos son los liderazgos mayormente golpeados.
Los indígenas y comunales son los dos grupos poblacionales de defensores de Derechos Humanos con mayor nivel de violencia en su contra en los últimos 10 años.
¿Quiénes son los agresores de líderes y defensores de Derechos Humanos en Colombia?
En nuestras investigaciones hemos identificado cuatro tipos de presuntos agresores. Tenemos cuatro categorías: desconocidos, paramilitares, Fuerza Pública e insurgencias o guerrillas. Dentro de los paramilitares incluimos bandas criminales, crimen organizado, grupos posdesmovilización de las Autodefensas y otros grupos que tendrían ascendencia en el paramilitarismo. Dentro de la franja de Fuerza Pública aparecen cuando son responsables miembros del Ejército y la Policía Nacional. En el caso de las guerrillas están disidencias de las Farc, Eln y en algunos momentos hemos tenido casos registrados por parte del Epl.
Nosotros hablamos de presuntos responsables porque es la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, quien tendría que decir quién es el responsable real de este tipo de agresiones.
¿Cuál es el principal problema que presentan las instituciones del Estado frente a la investigación de casos de homicidio y agresión contra defensores?
La falta de coordinación por parte del Estado frente a cómo enfrentar este fenómeno. Hay una acción desarticulada para tomar este fenómeno y darle solución. No hay un liderazgo dentro del Gobierno que permita solucionar este problema, cada institución hace lo justo, lo que le toca, no vas más allá. Esa pobreza en la acción es evidente en los resultados para frenar la violencia contra defensores de Derechos Humanos.
Creemos que hay funcionarios dentro de las instituciones que están absolutamente comprometidos, pero esto no es una cosa solo de funcionarios, es un tema de voluntad política de las instituciones. Al Gobierno le falta voluntad política por un lado, pero también le falta acción integral. No hay un liderazgo entre las instituciones del Estado que asuma este tema como propio y lo quiera sacar adelante.
¿En el último año cuántos casos de asesinato a líderes y defensores de Derechos Humanos tiene registrado ‘Somos defensores’?
Hasta la fecha hemos registrado 91 casos de homicidio. De esos 91 casos, están confirmados 51 casos que se reportaron en nuestro último informe semestral del mes de junio. Los 40 restantes actualmente están en un proceso de verificación en terreno.
En el primer semestre del 2017 ‘Somos Defensores’ argumentó un incremento del 30 % en los asesinatos a defensores de Derechos Humanos en comparación con el 2016. ¿Por qué se manifiesta ese incremento, a la luz de un proceso de paz firmado con las Farc y otro en marcha con el Eln?
Por una parte, la reducción de las acciones del conflicto y la disminución de las violencias derivadas de la confrontación armada hace posible que este tipo de violencias, que son mucho más focalizadas, sean más vistas. Por eso, siempre hemos dicho que la violencia contra defensores de Derechos Humanos en Colombia no nació con el posconflicto. La violencia contra los defensores es invisible en el conflicto, ni siquiera el mismo Estado ha realizado un trabajo por reconocerla históricamente.
La baja en las acciones del conflicto permite que esta información salga a la luz con mayor velocidad.
¿Los asesinatos a defensores de Derechos Humanos en Colombia son sistemáticos?
La Fiscalía General de la Nación ha insistido en que dichos asesinatos y agresiones no son sistemáticas. A la Fiscalía le hace falta mucho ‘pelo para moño’ para argumentar algo así. El mismo Estatuto de Roma y los documentos internos de la Fiscalía exigen que para que se hable de sistematicidad en los homicidios, tiene que haber una profundidad en la investigación de estos crímenes. Tienen que haber muchos elementos de juicio para argumentar si es o no sistemático.
Cómo vamos a hablar de sistematicidad si en los últimos ocho años en los crímenes contra de defensores de Derechos Humanos registrados, que son más de 450, encontramos solo 28 casos con condena. No hay actores intelectuales capturados, solamente hay autores materiales capturados y en las sentencias no se ha realizado un análisis para establecer tiempo, modo y lugar donde han sido asesinados estos defensores. Todos esos elementos se necesitan para hablar de si hay o no sistematicidad.
Hemos documentado que los defensores en su gran mayoría son asesinados en unas horas específicas, son asesinados en su casa o en tránsito hacia su casa. Casi todos los homicidios se realizan con arma de fuego y pareciera que tienen la modalidad de sicariato. Esto lo hablamos desde la sociedad civil, sin conocimiento profundo de toda la documentación que si tiene la Fiscalía. Esta entidad se ha remitido a decir que los asesinatos no son sistemáticos, pero no argumenta por qué. En Colombia no sabemos porque mataron a los defensores, no sabemos si detrás de eso hay un plan criminal y si esa estructura criminal tiene una sistematicidad. ¿Podemos hablar de patrones? Si, ese es un tema demostrable. ¿Podemos hablar de sistematicidad?, todavía nos falta mucha investigación para poder definir si son o no sistemáticos.
¿Qué pasa hoy en los territorios donde antiguamente había presencia de las Farc?
Esos son los territorios que están reportando mayores niveles de homicidio contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales. Efectivamente hubo una retirada de las Farc de algunos territorios y allí el vacío de poder no fue suplido de manera literal por el Gobierno. A estas zonas no han llegado los planes, los proyectos, el dinero y la autoridad civil, quedó un vacío que ahora está siendo copado por otros actores ilegales.
¿Existe una estigmatización hacia los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia?
Hay un estigma contra todos los defensores de Derechos Humanos. En Colombia se asume que todos ellos son de izquierda o aliados de la guerrilla. Hay un inconsciente colectivo que se instaló en la opinión pública y es relacionar cualquier tipo de oposición con la izquierda, eso se lo debemos a los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe. Esta satanización de la oposición, de quien no está de acuerdo con lo que dicen ciertos sectores de poder en el país, poner de frente una estigmatización pública y hace cada vez más difícil el trabajo de los defensores. Ese tipo de situaciones son el caldo de cultivo de las agresiones contra defensores de Derechos Humanos en el país.
¿Cuál es el principal obstáculo en la lucha contra agresiones y asesinatos a líderes sociales en Colombia?
La impunidad. Mientras no tengamos resultados concretos en las investigaciones de este tipo de ataques, el agresor se va a sentir en la libertad de continuar con lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, matar, amenazar, atentar, intimidar y desplazar a los líderes y defensores de Derechos Humanos. El fiscal General manifiesta que de los homicidios registrados entre el 2016 y 2017, la mitad están solucionados, pero qué pasó con las familias de esos líderes, qué pasó con los procesos sociales que adelantaban, se cayeron. Esa impunidad es la que permite que se siga dando este fenómeno.
¿Qué es ‘Agúzate’?
‘Agúzate’ es el nombre de nuestro informe semestral, pero también es un mensaje para los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Hemos tomado como base la canción de Richie Ray y Bobby Cruz para hacer una advertencia. Es un mensaje para los defensores, les estamos diciendo: ¡Tengan cuidado!, ¡Estén atentos!, porque no tenemos un Estado que haga su trabajo y como defensores tenemos que empezar a protegernos entre nosotros. Infortunadamente no vemos resultados en la protección estatal. Queremos que este baile no nos cueste la vida.
