A través de un comunicado de prensa, la delegación de Colombia ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la respuesta del Gobierno colombiano en la que consideró “improcedente la solicitud de medidas cautelares presentada por el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle”.
Según el documento, el Gobierno respaldó la actuación de la Procuraduría General de la Nación al suspender a Quintero por presunta participación en política, señalando la compatibilidad de las funciones de esta entidad “en las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por un servidor público, con las obligaciones internacionales del Estado y con la existencia de recursos procesales adecuados y efectivos en Colombia”.
La delegación también señaló que el proceso que se ha llevado a cabo a Daniel Quintero corresponde con el que se ha realizado para cualquier otro funcionario “para resolver cualquier controversia que se haya derivado de las actuaciones de las autoridades disciplinarias a nivel nacional”, además aseguró que se han salvaguardado los derechos del alcalde.
Por otra parte, el Gobierno negó que haya “algún escenario de persecución en contra del señor Quintero” y aseguró que durante estas elecciones “se han adoptado idénticas medidas, al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos, con diversas posturas políticas”.
“El Estado reiteró su compromiso en la garantía de los derechos políticos y de los derechos a la vida e integridad personal del señor Daniel Quintero Calle y de su núcleo familiar, demostrando que cuentan con uno de los esquemas de protección personal de mayor nivel asignados por la UNP”, concluyó el documento.