Indígenas en el Parque Nacional: los puntos de vista en busca de una solución

La presencia de alrededor de 1.500 indígenas, en su mayoría embera, pero también de otras comunidades, en el emblemático Parque Nacional de Bogotá, desde hace más de siete meses, se ha convertido en un tema de debate respecto al trasfondo que abarca la presencia esta población en la ciudad.

De acuerdo con la caracterización realizada en ese punto de la capital por el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la Secretaría de Gobierno y la Personería de Bogotá, se pudieron identificar 536 núcleos familiares y 1.585 personas, de las cuales 747 pertenecen a la etnia Embera Katío y 838 a otros pueblos indígenas.

El pasado miércoles se registraron fuertes enfrentamientos entre miembros de estas comunidades y la Fuerza Pública, esto en medio de una protesta que adelantaban los indígenas, bloqueando el tráfico sobre la Carrera Séptima.

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El coordinador de las Autoridades Indígenas en Bakatá, Jairo Montañez, señaló que esta movilización se realizaba objetivo de “visibilizarnos porque llevamos siete meses acá ante el desinterés y la desidia”. El vocero aseguró que el Esmad atacó de manera desproporcionada a la comunidad.

El enfrentamiento entre la Fuerza Pública y los manifestantes dejó al menos al menos 24 miembros de la comunidad indígena heridos, entre ellos cinco niños y niñas y tres mujeres embarazadas, así como siete uniformados, según el balance de las partes involucradas.

Por su parte, las autoridades reportaron ataques contra vidrios de seis buses del Sistema Integrado de Transporte Público, tres carros particulares, una ambulancia y de algunos establecimientos privados ubicados en inmediaciones del Parque Nacional.

El coronel Herbet Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá, señaló que los manifestantes embera “utilizaron niños quienes estaban siendo instrumentalizados y colocados como escudos humanos, los conductores que pasaban por el lugar fueron amenazados e intimidados”.

A su turno, la representante del pueblo Wayuu, Sandra Rosado, rechazó las afirmaciones del oficial y condenó el actuar de la Fuerza Pública. “Nosotros no instrumentalizamos a los niños. Acá la gran masa poblacional es de niños y mujeres. Lo que se vio anoche es una barbarie.”, dijo la lideresa.

Referente a la presunta participación niños y niñas en la protesta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvo que son actuaciones ilegales que no van a tolerar las autoridades de Bogotá.

“No solamente es inhumano y es injusto, es un delito con más de 10 años de cárcel”, sostuvo la mandataria, quien anunció que el Distrito presentará la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

López expuso que la solución a esta situación es el retorno seguro de estas comunidades a sus respectivos resguardos con plenas garantías. “El Parque Nacional no es el sitio adecuado para que permanezca ninguna familia, ni bogotana ni indígena”, agregó.

De igual forma, alcaldesa recalcó que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa son los que deben garantizar el control territorial para que ninguna persona se tenga que desplazar por la violencia.

Soluciones para el retorno de las comunidades 

Más allá de las medidas que han dispuesto las autoridades para el pronto retorno de estas comunidades sus puntos de origen, las 536 familias que permanecen asentadas actualmente en el Parque Nacional, según cifras oficiales, se niegan a volver a sus territorios en Chocó, Risaralda y Cauca, porque argumentan que no tienen garantizadas las condiciones de seguridad.

Por otro lado, el Distrito ha ofrecido reubicar a estas personas en otros albergues provisionales. Se trata de tres coliseos en el sur de la ciudad, un edificio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y el centro comunitario UPI La Florida.

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“Les hemos ofrecido sistemáticamente un albergue más adecuado, mientras se logra organizar su retorno seguro y con plenas garantías”, dijo la alcaldesa López.

A su turno estas comunidades insisten en que se les brinde un asentamiento con condiciones dignas de habitabilidad y seguridad. Señalan que los lugares ofrecidos por el Distrito están ubicados en lugares periféricos en contextos de inseguridad y reiteran que se irán del Parque Nacional hasta el Estado les garantice soluciones estructurales.

Respecto a esta situación, el coordinador de retornos de la Unidad para las Víctimas, Jonathan Forero, manifestó en medios nacionales que aunque las comunidades se rehúsan a regresar a sus resguardos, desde la entidad seguirán acompañando los Puestos de Mando Unificados en capital, esto con el fin de garantizarles una atención integral. De igual forma, puntualizó que el Distrito es responsable de brindarle atención a esta población en materia de educación y salud.

Sin embargo, para Leonival Campo, autoridad mayor de la comunidad Embera Katío, estas declaraciones no son ciertas, recalcó que las autoridades no están cumpliendo con su labor y que los integrantes de esta población solo buscan la tranquilidad y seguridad para sus familias.