La Sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia iniciará en 2022 el juicio penal que se surte en contra de quien fuera presidente de esa corporación, Leónidas Bustos, por el escándalo de corrupción en la justicia denominado como el ‘cartel de la toga’.
Lo anterior, luego de que el Senado de la República lo acusara por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio, y el expediente de la acusación llegara a la alta Corte por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El congreso, en junio pasado, declaró a Bustos como indigno tras acoger la tesis esgrimida en el escrito de acusación presentado por los congresistas investigadores e instructores, en la que se señala a Bustos como el “cerebro” de una “empresa criminal” que se había conformado en el alto tribunal para torcer procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.
Los senadores acogieron el informe de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual había señalado como responsable a Bustos de haber cometido presuntamente los delitos mencionados, tras encontrar más de 100 pruebas testimoniales y documentales que así lo señalarían.
El caso, por reparto, le correspondió al magistrado Ariel Torres y hasta ahora inicia el trámite para que las partes expresen sus solicitudes y nulidades y así dar inicio al juicio. Este término vencerá el próximo 24 de enero, por la vacancia judicial. Así mismo, vale mencionar que como el exmagistrado viene ya acusado, el proceso en la Sala Especial de Primera Instancia inicia directamente en la audiencia preparatoria.
En el escándalo del cartel de la toga, a parte del exmagistrado Bustos, también estuvieron involucrados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.
Así mismo, en enero, desde Canadá, país en el que reside desde hace dos años; cuando este escándalo sacudió al país, Bustos aseguró que nunca ha participado en hechos de corrupción, declaración que entregó en medio de un proceso que se adelantó por los mismos hechos contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.
Bustos aseveró ante el Juez 10 de Conocimiento que durante su paso por el alto tribunal no conoció de prescripciones de casos penales en relación con la parapolítica.
Esta afirmación la hizo debido a que en las investigaciones trascendió que Bustos, Ricaurte, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y los también exmagistrados Gustavo Malo y Camilo Tarquino, conformaron una estructura ilegal que a cambio de cuantiosas sumas de dinero favorecían a aforados en procesos judiciales precisamente por parapolítica.
En medio de la diligencia, Juan Sebastián Fajardo, abogado de Ricaurte, le preguntó a Bustos sobre su posible cercanía con los exsenadores Julio Manzur, Álvaro Ashton, Musa Besaile, el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadia, el exfiscal Moreno y algunos magistrados que hicieron parte del alto tribunal mientras estuvo como miembro de la corporación.
Bustos añadió que, en medio de esos acercamientos, nunca le entregó información de ningún proceso a ninguna persona distinta a su grupo de magistrados auxiliares, y que además, "ningún magistrado se presentó en mi despacho o se acercó a mí a solicitarme información sobre algún proceso. Tampoco fui yo a ningún despacho ni abordé a ningún funcionario o magistrado para solicitar información sobre algún proceso".
El principal testimonio contra el expresidente de la Corte es el del propio Moreno, quien dijo que él mismo le entregó 200 millones de pesos, en una visita que le hizo a altas horas de la noche, cuando los escoltas del exmagistrado ya no se encontraban.
Moreno dijo que los dineros producto de la corrupción no siempre se entregaban en efectivo porque algunas veces se hacían compras “para distribuir las utilidades”.