La familia del magistrado Carlos Urán, demandó ante una corte de Florida, Estados Unidos, al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial en medio de la toma y la retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
De acuerdo con la demanda, Plazas Vega se alió con otros miembros del Ejército para torturar y desaparecer a los sobrevivientes del holocausto, entre los que se encontraba el magistrado Urán a quien se ve en videos salir con vida del Palacio y escoltado por militares; sin embargo, fue encontrado en esa edificación con marcas de tortura y una herida de bala en la cabeza.
“Todo indica que los militares etiquetaron y trataron al magistrado Urán como un “especial”, luego lo torturaron y mataron como resultado. A pesar de haber sido escoltado vivo fuera del Palacio de Justicia por los militares, su nombre fue omitido de la lista gubernamental de rehenes civiles rescatados. En cambio, su nombre fue incluido, agregado a mano, en una lista separada del gobierno del 7 de noviembre de 1985 de 18 personas fallecidas, que incluía a seis miembros del M-19″, se advierte en la demanda.
Igualmente, la familia Urán agregó en este recurso que tienen nuevas pruebas para demostrar que Plazas Vega si participó en el asesinato del magistrado y que por estos hechos debe responder ante la justicia.
“Como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio, el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería”, se lee en el documento.
Aunque Plazas Vega fue condenado, en 2015 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia al determinar que no existían las pruebas que permitieran vincularlo con la desaparición del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez Vera y la guerrillera del M-19, Irma Franco, entre otras nueve personas más.