Los puntos clave en el borrador de la Ley de Sometimiento para bandas criminales

Una de las principales propuestas de Gustavo Petro para su presidencia ha sido la búsqueda de la denominada paz total. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dio a conocer un documento en borrador con lo que sería la Ley de Sometimiento para las estructuras delincuenciales, grupos armados y bandas criminales.

De esa manera, se espera tener un guiño por parte del presidente del Senado, el ministro de Justicia, y el fiscal General de la Nación para que, cuanto antes, el documento sea radicado de manera oficial ante el Congreso de la República y comience su trámite para convertirlo en ley.

Según la información que se ha conocido de este borrador, el objetivo principal de esta ley es "reorganizar las penas y sus cuantías, desmontar el esquema de prohibiciones que ha hecho ineficaz la administración de justicia en materia penal, desarrollar el concepto de prisión comunitaria y/o darle vigor a los principios restaurativos de la pena".

El proyecto de ley está sustentado en las recomendaciones que ha hecho la academia y bajo los lineamientos de la Corte Constitucional para construir normas que permitan efectivamente perseguir y judicializar a las estructuras criminales de alto impacto en Colombia.

Para lograrlo, el proyecto establece tres momentos cruciales en los que el primero de los pasos atraviesa una negociación inicial con las bandas criminales y grupos armados. A este punto deberán unirse de manera voluntaria para establecer un acta final de diálogo firmada por las dos partes con compromisos claros por cuenta de los integrantes de estos grupos criminales. Finalmente, atender a la justicia para su respectivo sometimiento.

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Durante la etapa de judicialización, se llevarán a cabo las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento, brindándoles a los miembros de estas bandas criminales aceptar sus cargos consensuadamente. En la etapa final de este proceso judicial y su respectiva sentencia, se tendrán en cuenta los términos de la Ley 906 se 2004.

"Las medidas privativas de la libertad serán en las zonas de ubicación temporales. El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento provoca la sustitución de la medida privativa de la libertad en zonas de ubicación temporales a una privativa de la libertad intramural", explica este primer documento que se ha hecho público.

Lo que más ha llamado la atención de este borrador han sido las penas a imponer, algunos cambios que se pretenden en cuanto al sitio en que se debe cumplir la condena, así como también los beneficios que se permitirán para quienes se acojan a este proceso judicial, como por ejemplo, que los criminales se queden con una mínima parte de los bienes que les sean incautados.

De acuerdo a la explicación previa del borrador, estos cambios se basan en las buenas prácticas nacionales e internacionales como las de la Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act (RICO), que permitió al Departamento de Justicia de EE.UU. enfrentar las grandes estructuras criminales de la mafia bajo la posibilidad de procesar judicialmente estructuras criminales completas.

Para ello, se plantean “procedimientos de beneficios por colaboración eficaz, también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución”.

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Las penas que se impondrán y el sitio donde deberán cumplirse serán los puntos de mayor discusión en este proyecto de ley. Para el caso de las penas, se establece la posibilidad de reducir hasta en un 60% el tiempo de condena, así como también del sitio en donde se deba cumplir el tiempo de la misma.

“La pena máxima por concurso será por 50 años y la máxima para los tipos penales será de 40 años", cita el borrador.

Además, se establecen algunos beneficios conforme se va cumpliendo. "Cumplida las 2/5 partes de la pena entrarán a un periodo semiabierto donde podrán acceder a permisos de 15 días cada dos meses, debiendo cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial. Cumplida la mitad de la pena seguirán en periodo semiabierto, pero podrán solicitar la prisión comunitaria".

Y advierte que, en la medida en que esta prisión comunitaria no sea posible, "el condenado podrá optar por solicitar la libertad preparatoria, en la cual el condenado está obligado a pernoctar en el establecimiento penitenciario, debiendo cumplir en el día con el programa de restauración y reinserción especial. Cumplidas las 3/5 partes de la pena ingresará a periodo abierto y se les podrá conceder la libertad condicional, si se niega podrá acceder a la franquicia preparatoria".

Para el caso de la permanencia de los bienes por parte de los criminales que se acojan a estos procesos judiciales, la ley de sometimiento le permitiría al imputado “conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes siempre que su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración o hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10%) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”.

El presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó que ya recibió una parte de este borrador de proyecto de ley y pidió calma para su respectivo análisis.

“Estamos a la espera de las observaciones que quieran hacer el ministro de Justicia, el fiscal General de la Nación y el presidente de la República”, indicó Barreras, y añadió que una vez se tengan todas las observaciones y el proyecto de ley esté a punto, será el Alto Comisionado para la Paz la única voz autorizada para explicar el proyecto y radicarlo ante el Congreso.

Se espera que este proyecto quede radicado la próxima semana.