Como una presión indebida se calificó desde el Congreso la presunta cancelación de la visa americana a varios de los magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Alberto Rojas Ríos, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo y el magistrado de la Corte Suprema, Eider Patiño.
Los Magistrados afectados en la Corte Constitucional son ponentes de trascendentales decisiones, que debe adoptar ese alto tribunal, relacionadas con la Ley Estatutaria de la JEP y la reactivación de las fumigaciones con glifosato a los cultivos ilícitos, Mientras que en la Corte Suprema el magistrado Eider Patiño ha sido ponente de procesos donde se ha negado pedidos de extradición por parte de la justicia norteamericana.
Respecto al tema, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, afirmó que “para el gobierno de Estados Unidos, tomar estas decisiones en medio de los trámites legislativos y de las discusiones de la corte Constitucional Constituye una presión indebida que genera una injerencia en las decisiones soberanas de Colombia sobre temas de construcción de paz, extradición entre otros. Colombia se respeta, no puede ser que Estados Unidos haga uso de del sistema de visas para presionar decisiones legislativas y judiciales”.
Por su parte, el senador Roy Barreras dijo que esta es una “insólita presión como la que recibió el Congreso en momentos en que esa Corte tiene que definir sobre la JEP, no más presiones y toda la protección para la Corte Constitucional”.
Los congresistas recordaron que mientras se daba la votación en el legislativo de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa al representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, porque supuestamente el congresista hizo pública una conversación confidencial con el embajador estadounidense, Kevin Whitaker, acerca justamente del interés de Estados Unidos en que esas objeciones fueran aprobadas por el Congreso colombiano.
Entre tanto, a través de su cuenta de Twitter otra de las altas Cortes, el Consejo de Estado expresó su solidaridad con los magistrados afectados.
“El Consejo de Estado respeta profundamente la autonomía de los estados y de sus representaciones diplomáticas en nuestro país. Sin embargo, considera que no debe utilizarse ningún elemento, decisión, o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales, por cuanto esto afecta la autonomía esencial en la actividad judicial. Bajo esta premisa somos solidarios con la autonomía e independencia de la Corte constitucional”, se firma en la misiva.
Se espera que el próximo lunes haya un pronunciamiento oficial de las Cortes. No obstante, se conoció que la embajada americana reactivó la visa del magistrado Antonio José Lizarazo, ponente de las objeciones a la JEP y la semana entrante la magistrada Diana Fajardo tiene una reunión en la embajada para conocer por qué se le canceló su visa.