Por: Jhoan Ticora Sánchez.
En el cementerio central de Villavicencio, declarado por la Alcaldía Municipal en el 2017 como Centro de Memoria Histórica, reposan los restos de 617 personas sin identificar o que no han sido reclamadas por sus familias. Esto según un informe presentado por la Fiscalía sobre la situación actual de cementerios municipales en el país.
En ese mismo informe se tiene el registro de otros cementerios del Meta intervenidos por la Fiscalía, entre ellos el del municipio de La Macarena, donde hay 464 cuerpos no identificados, el de Vista Hermosa con cerca de 130 casos y Granada con más de 520.
Como esos cientos de historias que esperan ser narradas, en el departamento se cuenta un total de 2 mil cuerpos en proceso de identificación, hallados tanto en fosas de cementerios oficiales como en clandestinos, en contraste con las cerca de 14 mil denuncias de familias que buscan a sus hijos, hermanos, esposos y padres en esta región del territorio nacional.
Las víctimas
Una de esas familias es la de Yolanda Aragón y Ginna Quintero Aragón, madre y hermana de Wilson Ramiro Quintero Aragón, a quien buscan desde hace más de 18 años. Ellas relataron su testimonio en el documento #TengoRaícesPeroTambiénAlas #OportunidadesDePaz de la secretaría de Victimas del departamento.
Ginna Quintero cuenta cómo hace 18 años recibió una llamada de quien hoy es su esposo, para avisarle que su hermano había desaparecido en San Martín. Ella se encontraba trabajando como enfermera en Mitú (Vaupés). Desde ese día, se aferraba a la idea de que su hermano regresaría, porque así lo veía en sus sueños.
Solo dejó de esperarlo años más tarde, cuando su abuela a punto de morir le dijo que estaba tranquila porque en el cielo se encontraba su nieto, con quien se reuniría dentro de poco.
Según el relato de Yolanda Aragón, su hijo desapareció el 17 de febrero del año 2000, en horas de la mañana. Para la época Wilson tenía 31 años. Él salió de la casa de su abuela hacia una panadería a comprar un agua que ella le había encargado… Y desde ese momento no se conoció más de su paradero.
“En las noches yo escuchaba que mi hijo me llamaba, y me levantaba abrir la puerta con la esperanza de verlo frente a mí. Así pasaron muchos meses y años. También recibí llamadas donde me decían que no lo buscara más o que me atuviera a las consecuencias”, aseguró. Pasó el tiempo y dejó de insistir en su búsqueda.
Wilson Chavarro, secretario de Víctimas del departamento, aclaró que dentro de los cuerpos encontrados en fosas comunes también se cuentan los de combatientes de las guerrillas y otros grupos armados de manera ilegal.
“El guerrillero o paramilitar que cayó en combate son personas que nadie reclama”, agregó.
En ese contexto se presume que, durante los años del conflicto armado, en la memoria de víctimas de desaparición forzada hay combatientes de estructuras al margen de la ley, miembros de la fuerza pública –policía y ejército- y población civil.
Para no olvidar
El pasado 30 de agosto, día internacional de las víctimas de desaparición forzada, decenas de familias se encontraron en el Cementerio Central de la capital del Meta y en un acto simbólico exigieron una vez más la verdad sobre los hechos que les arrebataron a sus seres queridos.
Según la secretaría de Víctimas del Meta, junto a Nariño y Antioquia, son los territorios en donde más se practicó de manera sistemática este hecho victimizante.
Vilma Gutiérrez, víctima de este flagelo y líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, capítulo Meta, manifestó que esta situación se sigue presentando en el Meta y en un número alarmante en municipios al sur del departamento, donde disidencias de las Farc y paramilitares continúan infundiendo terror en las comunidades.
“Una de las situaciones que más nos preocupa como movimiento y por la que creemos que cientos de procesos de búsqueda no se resolverán, es el hecho de cómo se ejecutaron algunos crímenes y sus formas de desaparecer los cuerpos. En muchos casos estos fueron arrojados a los ríos” sostuvo.
La lideresa aprovechó para hacer un llamado a las comunidades de las zonas rurales a estar alertas frente a estas prácticas y a solidarizarse con las familias que fueron víctimas de estos hechos en el pasado y con las que en la actualidad se encuentran en riesgo por las constantes amenazas que reciben sus miembros, por hacer parte de una organización social en defensa de los derechos humanos o de una junta de acción comunal.
La verdad, la justicia y la reparación
Frente al número de denuncias de desaparición forzada y a los miles de historias que aún se encuentran sin esclarecer en el Meta, en días pasados se activó una mesa para ayudar a resolver los procesos de búsqueda e identificación de cuerpos, donde según la secretaría de Víctimas, se dará prioridad a casos que se puedan atender rápidamente.
“Por ejemplo, si una organización como el Movice se acerca con información acerca de algún cementerio clandestino, donde se conocen nombres o el lugar, se organiza una comisión con instituciones competentes para realizar el proceso de búsqueda y exhumación de manera inmediata”, señaló Wilson Chavarro, secretario de Víctimas.
En esta mesa participan entidades como Medicina Legal, Fiscalía, fuerza pública, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; organizaciones civiles como el colectivo Orlando Fals Borda, la corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el Movice, capítulo Meta.
Pese a los esfuerzos que adelantan la institucionalidad y los movimientos civiles en el Meta, la entrega de restos en esta zona del país no avanza como se quisiera.
Al año se reconocen menos de 50 cuerpos de personas que desaparecieron para ser entregados a sus familias.