La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028-2022 que señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales en el archipiélago de San Andrés, que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo.
De igual forma alertó por la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en la isla.
Estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios. Con los impactos de la pandemia por el Covid-19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de los homicidios en San Andrés. Durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó las cifras del 2019 (21 homicidios). En los primeros siete meses de 2022 se han registrado 11 asesinatos.
“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos, derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida. Hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Estas condiciones han hecho que la niñez, los adolescentes y jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.
La comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo. Otra expresión de violencia que detectó la Alerta Temprana es el tráfico ilegal de migrantes que es manejado por organizaciones ilegales.
Los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo. El monitoreo detectó agresiones contra líderes que realizan actividades de veeduría ciudadana y denuncia pública por corrupción. También se detectó que se afecta el trabajo comunitario por las amenazas de las bandas criminales.
Finalmente, el defensor del Pueblo manifestó que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la nueva ruta de migrantes venezolanos que llegan a San Andrés con rumbo hacia Centroamérica y Estados Unidos, dado el riesgo de ser víctimas de trata de personas, entre otros delitos, por cuenta de las organizaciones criminales que tiene presencia en el archipiélago.