La denuncia la hicieron familiares de los internos, tras la muerte de un recluso por la presunta negligencia de funcionarios del Inpec para darle asistencia médica. José Miguel Castillo Reyes había solicitado atención médica por un dolor de espalda y abdomen, siendo recluido en el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde falleció.
Celinda Márquez, vocera de los familiares, afirmó que “no se justifica que muera un interno al entrar al hospital porque ya lo sacan cuando está moribundo, porque no les importa el dolor de los demás, como si fueran perros sin doliente, por el solo hecho de ser pobres. Apoyamos como asociación de familiares y amigos la denuncia que han hecho los presos del Movimiento Nacional Carcelario al que también se han unido otras organizaciones sociales y de derechos humanos. En múltiples ocasiones de forma verbal y durante mucho tiempo, solicitamos a los órganos de control la atención de Gabriel”.
También denunciaron el estado grave de otro interno quien padece cáncer de colon: Gabriel Orlando Pérez Regalado, quien, después reiteradas peticiones, fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo para una cirugía de urgencia, pero resultó con los intestinos obstruidos al momento de la intervención, y le fue diagnosticado un cáncer de colon con metástasis en fase terminal.
Su madre, Miran Regalado, relató que “mi hijo desde el mes de marzo de este año se encontraba padeciendo de un dolor estomacal y no podía comer, lo bajaban a sanidad cuando mejor les parecía a ellos, le ponían una inyección, le daban cualquier sedante y lo subían a la torre otra vez. Mi hijo hoy en día se encuentra padeciendo una obstrucción intestinal, está muy decaído; como pude hablé con la Defensoría del Pueblo y la Personaría, me ayudaron, sacaron a mi hijo para el hospital Rosario Pumarejo de López, a que terminara de decaer allá, porque el hospital está en paro”.
Los familiares de los reclusos recibieron el apoyo del Movimiento Nacional Carcelario que mediante un comunicado alertó sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia la población reclusa en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa.
“Debido a la indolente atención del personal médico adscrito al Inpec, la inoperancia de la empresa prestadora del servicio de salud, Fiduprevisora y las injustificadas demoras en las remisiones hospitalarias de urgencia, se están muriendo los internos o son empujados a agravar sus condiciones de salud, hasta llevarlos a estados terminales”.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría, adelantar la investigación por la posible omisión en que hubieran incurrido funcionarios del Inpec.