La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra cinco policías del Gaula que para el 8 de enero de 2011 participaron, al parecer, del presunto secuestro, tortura y asesinato del señor Jairo Arley Carvajal Sánchez cometido en el municipio de Palestina, Caldas.
Se trata de Martha Emilia Gañán Rojas, comandante del Gaula para la fecha de los hechos, el subintendente Dillmann Augusto Carrillo Cáceres, el patrullero Jorge Iván Ladino Montoya, la patrullera Liliana Marcela Martínez Cristancho y el agente John Jairo Gutiérrez Grajales.
Estas personas, según la investigación de la Procuraduría “habrían privado de la libertad a Carvajal Sánchez condicionando su vida, seguridad y libertad a la entrega de $80 millones, a quien también infligieron dolores y sufrimientos físicos y morales, constitutivos de tortura, y además incineraron estando aún con vida y lo desmembraron”.
Las conductas formuladas por el ente de control fueron calificadas como gravísimas a título de dolo, porque con ellas se afectó la libertad, la dignidad humana, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, la incolumidad personal, la función pública y la posición de garante que ostentan los integrantes de la fuerza pública.
Hechos
Al inicio del proceso penal fue la Fiscalía 105 especializada de Derechos Humanos la que narró que para el día de los hechos, los involucrados ingresaron a un restaurante donde se encontraba la víctima y lo redujeron con una pistola taser para luego ingresarlo a un vehículo oficial con rumbo desconocido.
De ahí lo retuvieron por más de ocho horas, pero días después, su cuerpo fue hallado sin vida en zona rural del municipio de Palestina, Caldas.
Según la Fiscalía General de la Nación, el plan se ejecutó por orden de una banda delincuencial que operaba en el Eje Cafetero para despojarlo de sus propiedades, entre las que se encontraban fincas, casas, apartamentos ubicados en esta región cafetera del país.
Ya condenados
En el año 2017 un juez de Manizales condenó a la patrullera Liliana Marcela Martínez Cristancho a 11 años y 8 meses de cárcel y al patrullero Jhon Jairo Gutiérrez Grajales a 17 años y 9 meses de cárcel por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado.
El juicio oral continúa contra los tres uniformados restantes, dentro de los que se encuentra la ex oficial Martha Emilia Gañan, que según el ente acusador, al parecer, elaboró órdenes de servicio con información falsa para que los hombres que tenía a su cargo pudieran participar de este crimen.