Cuba, Chile y El Salvador: tempestades políticas de 2021 - Parte 2

El 2021 fue un año marcado por varios acontecimientos políticos que suscitaron controversias, reflexiones y, aún hoy en día, incógnitas sobre lo que ocurrirá en algunas naciones del mundo en distintos ámbitos. Magnicidios, estrategias del pasado, estallidos sociales y elecciones presidenciales fueron algunos de los hechos que marcaron la historia de este año.

En Radio Nacional de Colombia hacemos un recuento sobre lo que ocurrió política y socialmente en diferentes latitudes.

Cuba: estallido social, economía boca abajo e internet al alza

Las movilizaciones y protestas contra el Gobierno de Cuba en julio de 2021, tienen en común muchos factores con las que han ocurrido en otros países de la región desde 2019 hasta hoy, pero con una particularidad: mejor acceso de la población a las redes y plataformas digitales.

Como en otros países, en el contexto de la pandemia el PIB cubano cayó 11 por ciento en 2020, aunque los problemas de su economía son estructurales y de vieja data. Pero, como bien dijo el NYT, toda crisis económica tiene límites y detonantes o atenuantes.

Sin duda, la crisis sanitaria fue un detonante de mucho peso porque la economía depende mucho del turismo internacional, poderoso muro de mitigación frente a los efectos del embargo económico de vieja data que se intensificó en la agonía del gobierno de Donald Trump. Embargo que, si bien es cierto que genera escasez y constriñe oportunidades, no resuelve la crisis política asociada a la existencia de un partido único, al monopolio estatal de los medios de comunicación, a las restricciones de las libertades básicas y al desempeño ineficiente y burocrático del Estado cubano.

Lo particular y novedoso es lo que el analista estadounidense Ted Henken califica como un terremoto social, tecnológico y político: el acceso masivo a Internet desde 2019, mediante teléfonos celulares y conectividad con datos móviles.

En Cuba, en muy poco tiempo, Internet se metió en las calles que hasta ahora —como dijo el presidente Miguel Díaz Canel— habían sido para los revolucionarios. La disidencia política que se tomó las calles con las consignas de libertad, Patria, Vida y “No tenemos miedo” fue visible y amplificada gracias a aplicaciones como WhatsApp y Facebook Messenger. La toma política e histórica de las calles por parte de los revolucionarios, empieza a ser compartida con una toma de carácter ciudadano que pide un cambio de rumbo.

Chile: la tempestad se amaina en las urnas

Con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, y que dejó como ganador al izquierdista Gabriel Boric, se cierró el primer ciclo de un proceso de cambio y de transformaciones estructurales cuya exigencia más reciente se inició con el estallido social de 2019.

La población chilena tenía claro que la elección del sucesor de Sebastián Piñera era apenas un episodio de un proceso político más complejo y de largo aliento.

El proceso electoral coincidió en el tiempo con la Convención Constitucional que, el año entrante, debe promulgar una nueva Carta política.

Es una Convención que, a juicio de los analistas, ha ido estableciendo un espacio de consulta y diálogo ciudadano sobre asuntos básicos en una democracia. Por ejemplo:

• Institucionalidad y la estructura del Estado.

• Los derechos a salud, educación, trabajo, seguridad alimentaria y a territorios sostenibles ambientalmente.

• Acceso al agua, a la tierra y a una vivienda digna.

• Incorporación plena de los pueblos originarios

• Equidad de género y garantía de derechos a las personas sexualmente diversas.

• Participación política, con garantías, a quienes han protestado pacíficamente en las calles.

La Convención Constitucional y las elecciones han sido apuestas por una gestión institucional y democrática al estallido social de 2019, en medio de una creciente desconfianza hacia los partidos de centro izquierda y centro derecha que han gobernado a Chile, desde el retorno a la democracia.

Es una apuesta democrática, condicionada a resultados en el corto plazo y motivada por la convicción de que Chile llegó a un punto de inflexión, que no admite más treguas para resolver las causas del estallido social.

Para asegurar la gobernabilidad, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, tendrá que liderar y garantizar un proceso de convergencia entre su programa de gobierno y el rumbo que está diseñando la Convención Constitucional.

Ello supone abandonar la “democracia pactada” que modeló la gobernabilidad en las últimas décadas y dar paso a una democracia en la que tengan voz y voto —como ocurre hoy en la Convención Constitucional— la conductora de un bus escolar, un excomandante de la Armada o un gran empresario.

Luego de la posesión de Boric y la promulgación de la nueva Constitución:

• ¿Serán capaces los líderes políticos y los partidos de salir de la zona de confort desde la cual han gobernado a Chile?

• ¿La nueva representación política será capaz y será garante de diseñar la nueva ruta de Chile, en sintonía con la ciudadanía que espera grandes transformaciones?

En octubre de 2020, durante el Plebiscito Nacional que ordenó la redacción de una nueva Constitución, participó el 50,9 por ciento del censo electoral. En las elecciones de la Convención Constituyente, bajó al 42,5 por ciento. Y en las legislativas y presidenciales de primera vuelta, la participación fue del 47,6 por ciento. Finalmente, en la segunda vuelta, el 55% de los chilenos habilitados para votar acudió a las urnas.

Ante la baja participación electoral de los últimos tiempos en Chile, antes de los comicios se planteaba la legitimidad de un presidente votado en comicios con menos participación que en las elecciones para la Convención Constitucional.

Ahora, la pregunta que cabe es si el nuevo mandatario tendrá el suficiente reconocimiento y la capacidad para liderar el proceso de implementación de la nueva Carta política y, al mismo tiempo, desarrollar el programa de gobierno con el que fue elegido.

No puede olvidarse que, en octubre de 2020, el 78,27 por ciento de los votantes en el Plebiscito dijo que quería una nueva Constitución.

¿Qué tanta dosis de nuevo país habrá con el nuevo presidente de Chile, la nueva Carta política y los senadores y diputados que hoy tienen curul en el Congreso?

Bukele: el salvador autoritario

En El Salvador se consolida un proceso autoritario que pondría en riesgo la institucionalidad democrática.

Al mejor estilo de Trump, Nayib Bukele ataca a la prensa independiente, coopta el poder judicial y legislativo, pretende reelegirse y obstruye investigaciones judiciales como las que cursan contra militares responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad o contra funcionarios de su Gobierno.

Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales de 2019, en primera vuelta, derrotando a los candidatos de los partidos que gobernaron después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña: Arena (Alianza Republicana Nacionalista) y el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

• Siempre aspiró a tener un aparato electoral propio (el partido Nuevas Ideas).

• Su estrategia electoral y retórica consiste en descalificar los logros de los gobiernos de ARENA y el FMLN.

• Sabe aprovechar el repudio de la población contra los corruptos. Es fácil en un país donde un expresidente está preso por malversación de fondos (Elías Antonio Saca), otro está prófugo (Mauricio Funes) y protegido por el Daniel Ortega en Nicaragua; y otro más (Francisco Flores) murió antes de ser juzgado por robar recursos de cooperación de Taiwán a las víctimas de un terremoto.

• Tiene rabo de paja: tiene un acuerdo político con el expresidente Saca; varios de sus exfuncionarios están hoy en el Gobierno. Algunos han sido señalados de lavado de dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, a través de varias subsidiarias, entre ellas, ALBA Petróleos.

• En junio de 2021, disolvió la ‘Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción’ —que él mismo había creado— cuando el organismo comenzó a investigar doce casos de corrupción en su administración, uno de ellos por robo de asistencia humanitaria a víctimas del Covid-19.

• Cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas como contraprestación al bloqueo de los archivos para esclarecer responsabilidades en la masacre de El Mozote (10, 11 y 12 de diciembre de 1981).

• Bukele usurpa funciones, como las de la Asamblea Nacional, a cuya sede ingresó resguardado por el Ejército e intento presidir una sesión para que le aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas.

• Gracias a sus mayorías legislativas en las elecciones del 28 de febrero de 2021 —56 de 84 escaños— logró la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala Constitucional que había neutralizado su usurpación del Legislativo por parte de Bukele. Y también al fiscal que había iniciado las investigaciones por corrupción en el gobierno.

• Ataca a quienes en el Congreso actúan con independencia frente al Gobierno, mediante un ejército de seguidores y troles en redes digitales, dirigidos por funcionarios del gobierno.

• Habría pactado beneficios con pandillas como la Mara (no extraditar a sus líderes a Estados y otorgar beneficios a los encarcelados), a cambio de que éstas realizarán una “operación limpieza” de delincuentes, lo cual explicaría la reducción de homicidios y otros delitos.

• Mantiene una relación antagónica con los medios de comunicación que, en general, son instituciones que no controla. Los acusa, como Donald Trump, de difundir noticias falsas y de ser agentes de poderes extranjeros, financiados por multimillonarios como George Soros.

• Gobierna mediante un modelo personalista, inspirado en la figura de un Mesías, de un Salvador para El Salvador, a quien se le tributa culto a su personalidad, mientras ignora las reglas establecidas para gobernar y pretende reemplazarlas con una relación directa con el pueblo, mediante las redes sociales, y a nombre del pueblo que lo eligió. Bukele no confía en nadie, salvo en su familia.