Incertidumbre por medidas que tomaría el Gobierno en proyecto minero de Buriticá

Tras el ataque con un cilindro bomba el 17 de mayo, contra la empresa Zijin Continental Gold que dejó el saldo de dos muertos y 14 heridos, hecho que habría sido perpetrado por hombres del Clan del Golfo, quienes, al parecer, activaron el artefacto explosivo en el interior de la mina Higabra, en Buriticá, varios ministros del Gobierno Nacional se reunieron para evaluar la situación de la empresa minera y de esta manera tomar nuevas medidas.

Sin embargo, en Antioquia se desconocen los resultados de estas reuniones por lo que se tiene preocupación ya que este es un proyecto que está bajo el control del gobierno nacional. 

“Estamos en un desconcierto total entre los roles que jugamos gobernación, municipio, nación, en este caso puntual de la minera, ya que es un caso lamentable, puesto que desde octubre del año pasado veníamos desde la gobernación denunciando y pidiendo las acciones del gobierno y que claramente se pudo evitar. La seguridad jurídica, económica, empresarial de lo que pueda pasar con la minera, la Zijin ha manifestado entonces que ellos no tienen condiciones para trabajar la suspensión de sus labores, pero muy seguramente también hasta la posible salida del país”, dio a conocer Juan Pablo López gobernador (e) de Antioquia.

De acuerdo con la gobernación en el componente de seguridad hay varios factores que preocupan, incluyendo las amenazas a las que se ven expuestos los empleados de este proyecto minero, ya que son cerca de 4 mil empleos directos e indirectos los que genera la Zijin Continental Gold en el Occidente del departamento.

“Estos son dos frentes muy amplios, uno todo el tema de orden público, pero además la tranquilidad de todas estas personas que trabajan en esta minera, por ejemplo, para el municipio de Buriticá las regalías y todos los procesos que indirectamente benefician al municipio como plantas de tratamiento de agua, como el mejoramiento del hospital, mejoramiento del parque, la construcción de vías, todo eso hoy está en un limbo hasta que sepamos exactamente la decisión que va a tomar la minera”,  puntualizó López.

Lo que más le preocupa a las autoridades de Antioquia es que de llegarse a presentar un cierre de la minera significaría que el país deje de percibir 500 mil millones de pesos por la desviación de recursos del material aurífero hacia la economía ilegal.