Un juez de la república condenó a tres años y un mes de prisión a Emerson Segundo Pinto Camargo, exsecretario de Salud del municipio de Albania, en La Guajira, luego de que aceptara su responsabilidad por la comisión del delito de falsedad ideológica en documento público, por adjudicar convenios a particulares para la atención de menores indígenas, los cuales no se habrían cumplido en su totalidad.
Según Eduar Alirio Calderón, director de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía “se estableció que los convenios fueron entregados a 10 particulares que no cumplieron a cabalidad las actividades previstas, ni se entregó a la totalidad de los grupos indígenas ayudas alimenticias, agua potable, medicamentos y atención médica profesional”.
Sobre este caso, la Fiscalía General de la Nación reveló que el exsecretario era investigado por tres convenios interadministrativos que suscribió en el año 2011 con el hospital San Rafael, cuyo objetivo era desarrollar planes de acción para disminuir la mortalidad infantil en la población indígena de esa localidad.
“En la investigación se constató que el exsecretario de salud de Albania, como supervisor de los convenios, elaboró y aprobó actas de inicio, ejecución y liquidación de los contratos y de las interventorías. Con estos documentos se avaló el pago de más de 18.990 millones de pesos”, aseguró Calderón,
Durante el desarrollo del proceso judicial, el ente acusador demostró que durante el proceso previo de ejecución de los convenios, no se realizó un censo de la población a beneficiar y su ubicación geográfica, lo que generó inconsistencias técnicas y financieras.
Además, la Fiscalía señaló que durante la ejecución de los proyectos fueron contratadas 1.459 personas, a las que se les pagó un monto diferente al registrado en los contratos por prestación de servicios. Entre tanto, fueron contratados profesionales que nunca prestaron sus servicios, pero sí recibían sus salarios.
Finalmente, la Fiscalía indicó que ante la contundencia de las evidencias, Emerson Pinto llegó a un preacuerdo con la entidad y las investigaciones continúan, ya que, al parecer, los recursos involucrados en estos convenios habrían sido utilizados para financiar una campaña política a la gobernación del departamento de La Guajira.