Formalmente iniciaron las audiencias ante la Procuraduría General en contra del exasesor de la Presidencia, Andrés Mayorquín, investigado por presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
En el primer día de audiencia, Mayorquin pidió ante el Ministerio Público que finalice el proceso en su contra, al considerar que junto a su esposa, Karen Vaquirono cometieron ninguna irregularidad al no informar que él trabajaba en Presidencia mientras ella era contratista del Estado.
“Yo solo quiero una oportunidad, una oportunidad, señor juez. Yo me pregunto, pero en qué lugar hay algo que me juzgue disciplinariamente. Y mucho menos penalmente”, aseguró.
Por más de una hora, el exasesor aseguró que no tuvo que intervenir en la adjudicación de los 24 contratos de 16 entidades del Estado por más de 1.200 millones de pesos a su esposa, sino que todos los contratos los ganó justamente ella.
Igualmente, el exasesor puntualizó que en su contra hay un complot político e incluso una persecución por su religión, y que prueba de ello es que los testigos en este caso han indicado que Váquiro siempre hizo su trabajo de "manera intachable (...) Mi mayor error fue dejar a mi familia, no asesorar a mi esposa", dijo.
Asimismo, negó que hubiera buscado presionar al alcalde de Cartagena, William Dau, para lograr contratos para su esposa, y la prueba en este caso según el exasesor es “que no conversaban frecuentemente (...) jamás tuve una conversación con él, yo no hablo con ocasión de mi cargo con él. En este momento, participo de 59 grupos de WhatsApp del Congreso de la República, sigo activo y ahí aparecen los celulares de todo el mundo. Si alguien pide el número lo envía, y pues encuentro una información para enviarla. Ese señor ni me conocía”.
Por estos hechos, Mayorquin y su defensa pidieron que el caso se cierre, teniendo en cuenta que no hay pruebas y que hoy en día el exasesor ni Karen Vaquiro están contratados, pese a contar con los conocimientos para ejercer cargos.
Váquiro, ha indicado que nunca quiso cometer una irregularidad, solo que “pequé por inocencia, por desconocimiento de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público. No tenía idea de que estaba inhabilitada para trabajar en el mismo lugar que mi esposo”, dijo.
Por este caso, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar para establecer si el exasesor y su esposa incurrieron en tráfico de influencias, teniendo en cuenta que Váquiro se volvió contratista con el Estado casi al mismo tiempo que su esposo ingresó a trabajar en Presidencia.
En este proceso, se analizarían los contratos entre Váquiro y los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil, la presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación, entre otros.