Corte rebaja a 11 años la pena a Aída Merlano y pide aplicar la ‘silla vacía’
La Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes la pena contra la excongresista Aída Merlano por corrupción electoral, sin embargo, esta quedó establecida en 11 años y 4 meses de prisión, en lugar de los 15 años que le habían sido impuestos inicialmente.
El alto tribunal ratificó la sentencia contra Merlano por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Además remitió la sentencia a la Mesa Directiva del Senado para que aplique la ‘silla vacía’ a su curul, y expidió copias a la Procuraduría General para que investigue la posible omisión de hacer efectiva esta figura cuando fue capturada.
Resaltó la Corporación que se reemplazó a la electa senadora Aida Merlano en el Senado sin ninguna justificación, pese a la expresa prohibición constitucional de hacerlo. “Los congresistas –como Aida Merlano, elegida y reconocida como tal por el Consejo Nacional Electoral–, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política, ‘solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley’, y ‘en ningún caso’, cuando son condenados por delitos contra los mecanismos de participación democrática", explicó la Corte.
Por otro lado, la providencia desvirtúa los ataques de la defensa de Merlano contra las pruebas de la Sala Especial de Primera Instancia, para declararla responsable como autora de los tres delitos por los cuales fue condenada.
"Quedó probado que sabía, conocía y permitía el porte y tenencia ilegítima de las armas de fuego de defensa personal, encontradas en el allanamiento del 9 de marzo de 2018 a su sede de campaña ‘Casa Blanca’ en Barranquilla", afirmó la Corte.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal redujo 44 meses la pena de prisión impuesta en primera instancia a la excongresista, en 7 meses la sanción del porte ilegal de armas porque su riesgo se redujo a la sede política, y en 21 y 16 meses las sanciones por concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, porque no existen pruebas ni certeza de que la exrepresentante hubiera empleado el mismo sistema de corrupción en elecciones anteriores a las de 2018.
