Después de casi un mes de los hechos que acabaron con la vida del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, continúan las investigaciones y audiencias, en las que aparecen nuevas versiones y pruebas. Asimismo, los uniformados implicados en su muerte siguen rindiendo cuentas en los procesos penal y disciplinario que se encuentran activos.

Vadhir Gómez, abogado de la familia del difunto, asegura que se está trabajando en el proceso penal, porque es el que más le interesa a la familia para que haya justicia.

“No solo nos interesa que los patrulleros respondan por lo que hicieron, sino que se esclarezca qué fue lo que pasó con los otros uniformados que cometieron omisión, a la familia le interesa que haya cárcel”, señaló el abogado.

Aunque la familia exige justicia, hasta la fecha, no ha mostrado interés en iniciar con el proceso de reparación directa, el abogado dice que es algo de lo que aún no se ha hablado, porque ellos están en busca de conocer la verdad, pero que sigue como una posibilidad que queda abierta por ser víctimas.

“Eso no les interesa en estos momentos, de hecho no se ha adelantado ningún tipo de trámite para esto, pero supongo que en alguna oportunidad lo harán, pero en estos momentos la familia no toca el tema, ni le interesa hacerlo”, aclaró.

De la misma manera, el jurista confirmó su participación en el proceso disciplinario. De hecho, habló respecto a la audiencia disciplinaria que se realizó el pasado miércoles 7 de octubre, cuando se conoció de una carta enviada a la Procuraduría por el patrullero Juan Camilo Lloreda, en la que pedía que se declarara nulidad en su proceso disciplinario, justificando que la misma Procuraduría habría violado su derecho a la defensa y al debido proceso.

En la carta, Lloreda aseguró que el Ministerio Público no respetó estos derechos en el proceso disciplinario que se le adelanta por presunto abuso de autoridad. El procurador delegado negó la petición.

El abogado Gómez considera que fue una petición contradictoria porque, asegura, que él sí tenía un abogado en la audiencia, pero que cuando presentó la carta pidiendo la nulidad renunció a su abogado y decidió continuar solo.

“Es contradictorio que demande por un abogado, pero que al mismo tiempo quiera seguir solo en las actuaciones. Entonces se le aceptó seguir solo, el abogado que lo estaba representando sale de la audiencia y está la posibilidad de que él mismo participe en las audiencias. El procurador delegado ha respetado el debido proceso, las garantías procesales, el derecho de defensa al interior del proceso”, señala.

Ante las declaraciones del uniformado en las que apela al hecho de que no los vincularon al proceso desde el inicio, el abogado Gómez, expone que no es cierto, porque está refiriéndose al proceso en el que la Procuraduría inicia unas actuaciones en las que identifica a los uniformados implicados.

Por otro lado, en la misma audiencia disciplinaria, el patrullero Harvey Damián Rodríguez, expuso detalles sobre la muerte de Ordóñez. Declaró que vió a Lloreda golpear en varias ocasiones a la víctima en el estómago y las costillas, cuando este se encontraba esposado al interior del CAI.

Rodríguez también aseguró que él le habría pedido a su compañero que no golpeara más a Ordóñez, mientras iba a revisar la escena de los hechos, pero que, cuando volvió, lo vio sin esposas en un delicado estado de salud, y que fue en ese momento cuando decidió llevarlo a la clínica más cercana, en compañía de Juan David, amigo de Javier, quien también estaba en la escena.

“Hay unos momentos en donde se ve que participan los patrulleros, y que ahora uno le eche la culpa al otro no significa que ellos no hayan actuado de forma conjunta. Ellos actúan y los resultados se imputan de forma solidaria, en principio, a los dos. Entonces, ahora lo que nos parece curioso es que uno le eche la culpa al otro para salvarse de responsabilidad penal o disciplinaria”, explica el abogado.

Los patrulleros Lloreda y Rodríguez son procesados por estar involucrados en la muerte de Ordóñez, que registraba golpes en todo su rostro y cuerpo, sumados a las ocho descargas de pistola taser que le propinaron los uniformados.

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