¿Qué significa el fallo de La Haya para Colombia? Esto opinan los analistas

Luego de conocerse los puntos del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua, diferentes análisis e interpretaciones han surgido en torno a este pronunciamiento y su impacto para nuestro país.

Para la internacionalista Laura Gil, se trata de un fallo muy sólido que deja claro que la CIJ se tomó el tiempo con para analizar las argumentaciones de ambos lados. Sin embargo, señala que Colombia pierde en un punto fundamental, que era el reconocimiento de los derechos de pesca del pueblo raizal.

La analista explica que, de acuerdo con la Corte, la pesca artesanal no puede tener lugar en las zonas económicas exclusivas de Nicaragua, sin permiso de ese país.

“Lo que pueden hacer los pescadores artesanales colombianos es que tienen libertad de navegación para ir desde nuestro territorio, atravesarlo y llegar hasta los cayos enclavados, pero no dice que puede que pueden tener acceso a pescar en la zona económica exclusiva de Nicaragua”, expone.

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A su turno, Walter Arévalo Ramírez, vicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, considera que la decisión de la Corte de La Haya tiene varios aspectos positivos y que esta debe ser vista también como una oportunidad para reentender la sentencia de 2012.

“La nueva decisión de hoy, aunque tiene sus dificultades técnicas para para los raizales, para ciertos derechos no niega, por ejemplo, la existencia de la posibilidad de los derechos de pesca históricos en el espacio de la Zona Económica Exclusiva nicaragüense, que ese es el punto porque los raizales tienen derechos en la zona contigua integral colombiana, eso nadie lo duda, pero el hecho de que las comunidades puedan invocar, e incluso, puedan reforzar sus derechos, a través de un proceso de negociación, que aunque políticamente veamos difícil, es fundamental”, resalta.

Gil recalca que el lugar más rico para la actividad pesquera es una zona llamada Luna Verde, que está alrededor del meridiano 82 y el paralelo 15, punto definido como Zona Económica Exclusiva nicaragüense. Por su parte, Arévalo explica que la sentencia se enfocó en ciertas actividades de interdicción marítima, por parte de la Armada, en áreas que ese territorio de jurisdicción del país centroamericano.

“Esa interdicción marítima a pescadores nicaragüenses o a pescadores con licencia nicaragüense, no hay duda que esas actividades sí violaban el régimen, así lo declaró la CIJ y pues por fortuna la medida más sencilla en el Derecho Internacional y es la que pide la Corte es la cesación, simplemente ‘no lo vuelva a hacer’, no pide unas reparaciones monetarias, entonces en eso también es favorable la interpretación incluso de la reprimenda”, anota.

Laura Gil sostiene que se habría ganado si Colombia hubiese podido establecer los derechos de pesca ancestrales del pueblo raizal, un punto que la CIJ precisó que no se ha logrado. “¿Qué hubiese significado eso? Que el pueblo raizal hubiese podido ir a la zona de Luna Verde sin pedirle permiso a Nicaragua”, agrega.

Igualmente, comenta que pudo conocer los testimonios que se entregaron ante La Haya y que en estos se cuenta lo que hacen los pescadores, pero no se establece la antigüedad de esa práctica en generaciones anteriores, sobre lo cual ese tribunal reconoce que es difícil de documentar, pero este se justifica en el historial de acciones adelantadas por Colombia.

“La Corte dice: lo que pasa que Colombia tiene una práctica inconsistente en este tema y citan unas defensas de Colombia ante la OIT, sobre el tema de derechos de pesca de los raizales, entonces esa práctica inconsistente le sirvió la Corte para decir ‘bueno’ a los 16 testimonios, pero tampoco la acción internacional da fe de que Colombia considere esto como derechos de pesca”, indica.

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De acuerdo con Laura Gil, hay una inconsistencia en el actuar internacional de Colombia y explica que de eso se valió la Corte para reforzar la argumentación de que no son derechos de pesca.

“Una cosa es decir lo que dice Ortega, cuando habla dice: -Ah, no si ellos quieren venir a pescar aquí, nosotros lo podemos hablar nosotros le damos, digamos, el permiso para que vengan. Otra cosa es decir: estos son derechos de derechos ganados por la historia para este pueblo, que era lo que pretendía Colombia”, ejemplifica.

Respecto a la sugerencia de la Corte de que ambos países se sienten a negociar, Arévalo reconoce que es difícil separar la situación política de Nicaragua y Colombia con la decisión y con los pasos de implementación necesarios.

“Nicaragua nos puede parecer lo que sea que nos parezca, pero eso no implica que no sea otro estado soberano con capacidad de negociar, hay que buscar la negociación, ¿en qué sentido? No es una negociación para modificar los límites, no es una negociación para reimplementar o modificar la sentencia de 2012”, precisa.

Para el vicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, por ejemplo, el punto exacto que se menciona sobre el reconocimiento de derechos de pesca históricos de comunidades específicas frente a lugares específicos, es una negociación que puede tener mucho éxito entre ambas partes.

“Lo que no se le puede pedir a Nicaragua es: oiga, venga negociamos para modificar la sentencia de 2012, porque ellos hay que entender a la contraparte, sienten que tienen un título, como cuando usted tiene el título de su apartamento y dicen: esta línea no me la cambia”, detalla.

Por otro lado, Gil concluye que el fallo obtenido no evidencia un mal trabajo por parte de los abogados e Colombia que llevaron este caso, sino que considera que esto responde a una acción internacional equivocada de Colombia durante varias décadas.

“Esto con Nicaragua no tendría que haber sido llevado a demanda nunca, tendría que haber sido negociado hace muchísimas décadas en gobiernos anteriores y ha sido una cadena de errores, que nos llevan a lo que nos está pasando, fallo tras fallo en contra, no son los abogados los que actuaron mal, es el Estado que actuó mal”, afirma.