El Gobierno nacional dio a conocer un informe en el que se encontraron fallas en gestión de recursos y datos de las EPS. El estudio fue realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social,en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
El ejercicio de contrastación para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se realizó el mes de noviembre de 2024. Según las entidades dicho análisis encontró inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que afectará gravemente la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud.
En conformidad con el informe dado a conocer a la opinión pública se reportaron los siguientes hallazgos: “incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).
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Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general”.
Según el informe, entre 2022 y 2023, se registró un aumento significativo del 53% en la frecuencia de servicios de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, este incremento es notablemente más alto que la tasa promedio anual de crecimiento de la incidencia de cáncer en el país, que es del 4%. Esta discrepancia pone de manifiesto inconsistencias en los datos reportados y genera dudas sobre la exactitud de los informes presentados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
El informe también reportó 23.410 casos de atenciones a personas registradas como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), generando un costo de 79.838 millones de pesos.
Sobre los medicamentos se dio a conocer que 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED)
De acuerdo con el estudio, las irregularidades halladas representan un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Adicionalmente, 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, generando al sistema un costo adicional de 138 mil millones de pesos.
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El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS. Además, se detectaron irregularidades en la validación de los datos reportados en procedimientos médicos, y en algunos casos, los precios pagados superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos.
Conclusiones
Frente a estos hallazgos el Ministerio de Salud destacó la necesidad de crear una metodología más robusta en el cálculo de la UPC, así como la realización de una depuración estricta de los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la identificación y corrección de inconsistencias, y la validación de la información frente a bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).
También se mencionó fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares lo que permitiría ahorros significativos en tratamientos de alto costo. La revisión de las prácticas de contratación y precios, para ayudar a evitar distorsiones en los costos reportados y garantizar la transparencia en la gestión de recursos y la priorización de las necesidades reales de la población.