Comunidades étnicas, campesinas y populares en La Guajira exigen cumplimiento de la Reforma Rural Integral
Desde la madrugada del 10 de febrero de 2025, diversas organizaciones sociales han iniciado un paro indefinido en La Guajira, bloqueando puntos estratégicos en la región. Los manifestantes exigen el cumplimiento de la Reforma Rural Integral, soluciones a los problemas de agua, tierras, vías y educación, además de rechazar la expansión de proyectos mineros que amenazan a varias comunidades del sur del departamento.
Los manifestantes han enfatizado que es una movilización pacífica y no es en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, sino una acción para reclamar el respeto a derechos fundamentales. Entre las principales preocupaciones de los protestantes se encuentran:
● Falta de cumplimiento de la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo de Paz.
● Amenaza de nuevos proyectos mineros de cobre y carbón en el sur del departamento.
● Inseguridad y violencia contra líderes sociales.
● Crisis del agua, pese a que la represa El Cercado, sobre el río Ranchería, almacena 198 millones de metros cúbicos de agua dulce.
● Corrupción en programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
● Deficiente inversión en salud y educación.
● Falta de atención a la problemática del transporte informal y ausencia de enfoques diferenciales en planes gubernamentales.
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Según lo manifestado por la comunidad, una de las preocupaciones más grandes a nivel general es la creciente inseguridad en la región, dado el aumento de homicidios y amenazas a líderes sociales sin que se haya observado una respuesta clara por parte de las autoridades locales.
Eleiner Gomez, participante del paro, indicó que “La Guajira está insegura; todos los días hay hurtos y muertos en múltiples municipios. Además de eso, necesitamos que nos tengan más en cuenta. Tenemos muchas necesidades en las comunidades, en los centros poblados, en las veredas; no tenemos agua y las vías terciarias están malas”, advirtió.
Ante la situación, el Secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, informó que los bloqueos se han registrado en varias zonas del departamento y que para monitorear la situación, las autoridades han decidido instalar un Puesto de Mando Unificado, que permitirá coordinar las acciones de seguridad y atender las demandas de los manifestantes. También hizo un llamado al diálogo, recordando que este martes se llevará a cabo una reunión en Bogotá con representantes del Gobierno nacional, en la que se discutirán las exigencias del pliego de peticiones presentado por los manifestantes.
Los puntos de bloqueo más significativos incluyen: Urumita, San Juan del Cesar, donde se ha interrumpido totalmente el tráfico en la vía principal hacia el departamento del Cesar, en Papayal, con el cierre de la carretera en Puente Pozo Hondo, afectando la movilidad hacia Barrancas, en Dibulla, que obstruye la Troncal del Caribe, afectando la conexión entre Riohacha y Palomino. Además, en Maicao se registran bloqueos en las vías hacia Paraguachón, Albania y Riohacha, generando largas filas y dificultades para los viajeros y transportadores que llegan al departamento.
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El paro cuenta con el apoyo de organizaciones sociales como la Asociación de Campesinos Wayuu Santo Domingo, el Movimiento Social Sumain Wayuu y el Consejo Comunitario de Afrodescendientes Negros de Cañaverales, entre otras.
Sin embargo, la protesta también ha generado reacciones en contra, donde conductores y ciudadanos han expresado su inconformidad, argumentando que el derecho a la protesta no debe vulnerar la libertad de movilidad en las vías del departamento, por lo que deberían buscar otras alternativas para hacerse sentir. Así lo manifestó José Ramírez, conductor afectado. "Esto acá en La Guajira se ha vuelto una costumbre, hacen paro por todo y siento que nosotros los transportadores somos los más afectados. Entiendo a las personas, tienen sus necesidades, pero siento que deberían buscar otra manera de hacerse escuchar".
Este paro ha dejado a La Guajira incomunicada con el resto del país, afectando no solo la economía, sino también el abastecimiento de alimentos, el turismo y el inicio del calendario escolar. Las autoridades locales y nacionales están abiertas al diálogo, con el ánimo de llegar a un acuerdo y poder superar la situación.
