Cárcel Tramacúa deberá permitir ingreso de hoja de coca: Corte
Aunque las directivas de la cárcel de máxima seguridad Tramacúa, en Valledupar, habían asegurado que por el reglamento interno y para evitar cualquier alteración del orden, la hoja de coca no podía ingresar al establecimiento carcelario, la Corte Constitucional ordenó que se permita el ingreso de la misma.
El pronunciamiento lo hizo el alto tribunal al proteger los derechos a la diversidad e identidad étnica y cultural y a la igualdad del indígena Alejandro Copete, quien permanece detenido en este penal y que aseguraba que el uso de la hoja de coca forma parte de las costumbres de la comunidad arhuaca a la que pertenece.
“Ordenar al director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar que, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, autorice, regule, controle y vigile el ingreso y uso del ayú y el poporo por parte del accionante Alejandro Copete Robles, como miembro de la comunidad arhuaca y, por ende, sujeto de especial protección constitucional, bajo las condiciones, en las cantidades y espacios que considere pertinente, luego de realizar una verificación y diálogo intercultural con el Gobernador del Cabildo Arhuaco y el tutelante”, se lee en la decisión.
Con esta decisión, las directivas de la cárcel tendrán 15 días para autorizar el uso de la hoja de coca dentro del penal, pues la Corte Constitucional resaltó que “el Estado tiene la especial misión de garantizar que todas las formas de ver el mundo – incluidas las cosmogonías indígenas, tribales y étnicas – puedan coexistir pacíficamente”.
“El derecho a la identidad cultural otorga a las comunidades indígenas prerrogativas como las siguientes: (i) tener su propia vida cultural, (ii) profesar y practicar su propia religión como manifestación cultural, (iii) preservar, practicar, difundir y reforzar otros valores y tradiciones sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como sus instituciones políticas, jurídicas, sociales, culturales, etc”, explicó la Corporación.
Cabe recordar que en este centro de reclusión hay 1.486 internos, entre los que se encuentran Luis Alfredo Garavito y Rafael Uribe Noguera, condenados por violencia sexual y asesinato con menores de edad.
