Un 24 de abril de 1997 le cambió la vida a Gloria Achicanoy, ese día su hijo desapareció luego de salir a buscar oportunidades laborales. El tiempo pasó y la esperanza de encontrarlo se fue apagando.
“Lo anduve buscando en ríos, minas de arena o en lugares donde él podría haber estado trabajando. A los 10 meses recibí una llamada donde me informaban desde el departamento del Putumayo que mi hijo había sido reclutado por un grupo armado ilegal y que no se pudo escapar”, narró Gloria.
A pesar de que han pasado 23 años, Gloria aún espera a su hijo, para saber si en algún momento puede llenar ese vacío que aún tiene y la posibilidad de que sus sobrinos lo puedan conocer más allá de una foto.
Como Gloria, existen en Nariño 5.500 víctimas directas e indirectas que han tenido que padecer este flagelo. Según la secretaria técnica de la Mesa de Desaparición Forzada, Martha Ceballos, son familias que viven en un constante duelo porque no conocen el paradero de sus familiares desde hace muchos años.
“Lastimosamente las desapariciones en Nariño siguen ocurriendo, a pesar de que en el mismo Acuerdo de Paz está garantizada la Unidad de Búsqueda de esta población y se contemplan tiempos para encontrarlos, el conflicto no ha desaparecido, y por ende este flagelo tampoco”, indicó Ceballos.
Lo que se ha podido identificar de este flagelo en el departamento es que la ubicación de frontera que tiene Nariño lo hace más vulnerable, a esto se le suma el conflicto armado, la presencia de los cultivos de uso ilícito, otras economías ilegales y la presencia de los grupos armados, según informó la Mesa Departamental de Desaparición forzada.
En este panorama la costa pacífica es la más golpeada sin dejar a un lado la zona urbana, tan sólo Tumaco tenía 577 víctimas a 2018 y Pasto 313 víctimas, y municipios ubicados en la cordillera, como Policarpa, denunciaban 173 casos, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.
“A pesar de las herramientas que se han construido y de los esfuerzos para dar con el paradero de algunas personas, ha sido difícil este proceso, existen casos donde se han utilizado fosas comunes, ríos y mares para hacerlos desaparecer”, explicó Ceballos.
El delito de la desaparición forzada no respeta género ni edad, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, son 1.812 hombres, 308 mujeres, 119 campesinos y 27 comerciantes las víctimas; además, 1.806 personas de quienes no se tiene información de su actividad económica o social.
“No se puede decir que un sólo sector de la sociedad sea víctima de este flagelo, o que sólo atañe a quienes viven en zonas rurales o son líderes sociales”, manifestó Ceballos. Ante la presencia de casos de personas que han sido transportadas de Colombia a Ecuador para hacerlas desaparecer, se avanza en una estrategia binacional que aporte en esclarecer estos casos.
Fin del duelo
Existe otro panorama y son las familias que han podido terminar con este duelo porque conocieron qué les pasó a sus seres queridos y pudieron darles sepultura. Con apoyo de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, se logró en 2019 la entrega de 80 restos de manera digna a sus familiares.
Para la Mesa Departamental de Desaparición Forzada, el trabajo que se adelanta desde hace 4 años en los diferentes cementerios, apoyando los trabajos de identificación de los cuerpos no identificados, que en este departamento ascienden a unos 700, permite en ocasiones encontrar restos de personas reportadas como desaparecidas por su familias.
Población venezolana
Entre tanto para Fundepaz, la situación de la desaparición forzada en Nariño se ha agudizado en un delito que es atemporal; es decir, que no se tiene información rápida de las personas. Sin embargo, hay un nuevo fenómeno en este flagelo, y son las personas de nacionalidad venezolana que también se han sumado a las cifras.
“Existen personas venezolanas que han sido engañadas, o por la necesidad de un alimento son reclutadas por los grupos armados y no se vuelve a saber de ellos. Aunque no existen denuncias formales, dentro de los grupos con quienes se trabaja se habla de personas
que desaparecieron”, afirmó el coordinador de Fundepaz, Jesús Arciniegas.
La situación que se afronta por la pandemia ha afectado a las familias que tienen desaparecido a un ser querido, en su mayoría son de escasos recursos que hoy requieren un apoyo económico.
“Se puede evidenciar que los procesos son demorados para dar con alguna persona desaparecida, y durante la emergencia sanitaria por el Covid 19, aún más porque es muy difícil que los procesos se puedan adelantar de manera virtual, lo que genera pocos avances”, puntualizó Arciniegas.
Por parte de la Gobernación de Nariño, se anunció que en el Plan de Desarrollo Departamental se tendrá un capítulo especial de las víctimas de la desaparición forzada.
Escuche el informe completo sobre la desaparición forzada en Nariño aquí: