¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras sexuales?

Trabajadoras sexuales

Fidelia Suarez Tirado, oriunda de Corozal (Sucre) es la presidenta y fundadora del primer Sindicato de Trabajadoras sexuales de Colombia (Sintrasexco) el cual agremia a 2.230 mujeres. La asociación que se fundó un 26 de noviembre de 2015 pertenece a la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, que nació en el año 1997.

 “Llevo más de 30 años como trabajadora sexual. No me considero prostituta. Primero que todo, a mí nadie me obligó ni me estaba imponiendo a ejercerlo. Cuando hablamos de trabajo sexual es porque somos personas mayores de edad, con consentimiento propio, ejerciendo lo que nosotras hemos decidido realizar. La prostitución la sufre cualquier ser humano, de cualquier raza, religión, nacionalidad y edad cuando le están imponiendo algo que no desea hacer.

A través del sindicato y la Red, Fidelia y sus compañeras han logrado un posicionamiento para tener una fuerza política. Comenzaron una serie de capacitaciones con el acompañamiento de la Confederación de trabajadores de Colombia (CTC), que también las apoyó para que pudieran tener esa voz en los diferentes espacios ya que, según Fidelia, no eran tenidas en cuenta.

Por eso han avanzado en otros aspectos, como evitar que se aprueben leyes que las vulneren. También en la elaboración de una ley para la regulación del trabajo sexual, la firma de convenios de trabajo con la Procuradora Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y la participación en espacios clave relacionados con la calidad de vida y la erradicación de la violencia, discriminación y estigmatización.

“En Colombia, desde el 23 de septiembre de 2010, está reconocido el trabajo sexual por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional. Por medio de una tutela de una compañera, se logró que las madres gestantes y las que están en embarazo, cuando estén trabajando en un establecimiento puedan tener acceso a la salud integral y que puedan cobra la incapacidad”.

El sindicato viene haciendo ciertos procesos de entutelamiento porque, para Fidelia, no es posible que esta labor no se haya tenido en cuenta en todos los procesos a nivel nacional, departamental y local: “aparte de nuestro trabajo, somos mujeres con capacidades y cualidades. Algunas también tenemos estudios de secundaria completos y hay compañeras que son universitarias”.

Otros de los problemas que afronta esta población, según Fidelia, son las barreras que les ponen cuando van a hacer alguna gestión como la de pedir un crédito, solicitar un servicio médico o cuando buscan otro tipo de trabajo. Hasta en algunas guarderías y jardines infantiles les exigen cierta cantidad de dinero cuando saben que son trabajadoras sexuales.

“Más allá de ejercer este oficio, somos ‘psicólogas’, personas que monitoreamos y hacemos visibles las necesidades y problemáticas, de una población que ejerce este tipo de trabajo. Desafortunadamente, detrás de este oficio se esconden personas que se benefician porque nos utilizan como fachada, como la mafia, el narcotráfico y la delincuencia común. Entonces no tienen por qué estigmatizarnos y confundirnos con ellos”.

Sobre la práctica de exigir un carné de sanidad para esta población que, según estimaciones del Sindicato abarca a cuatro millones de mujeres sin contar a las migrantes venezolanas que también se dedican a este oficio, Fidelia señala:

“En el decreto 1543 del año 1997 en los artículos 21, 24 y 25, se especifica que no se le puede obligar a las personas a tomarse una prueba de VHI. Tiene que ser por medio de campañas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.  Esto tiene que ser coordinado entre la IPS, EPS y nuestra población. Los exámenes tienen que ser gratuitos. En algunas partes cobran 150 mil y hasta 250 mil pesos. Eso convirtió en un negocio”.

La pandemia como a otros sectores, también las afectó por el cierre de los establecimientos. Muchas de ellas no pudieron seguir pagando el arriendo. Sus hijos tampoco lograron seguir estudiando porque no contaban con los equipos técnicos para seguir haciéndolo de manera virtual. Las que se quedaron en los establecimientos, tuvieron que pagar más de lo que venían pagando por una habitación.

“A raíz del covid-19 hubo una gran disminución de clientes. Asimismo, por el cierre de establecimientos, se aumentó la persecución y hostigamiento por parte de la fuerza pública a nivel nacional a nuestra población. Nosotros apoyamos el año pasado a las compañeras con la canasta familiar, gracias al apoyo de personas y empresas particulares. Este año no lo hemos podido hacer porque no hemos tenido ayuda por ningún lado”.

Para esta población, según Fidelia, no hay una regularización actual en Colombia hacia el trabajo sexual que les de las mismas condiciones, garantías y derechos laborales que a los demás trabajadores,

“El trabajo sexual es uno de los más antiguos del mundo. Hoy en día como está la situación, hemos venido siendo juzgadas y utilizadas, por la doble moral de la sociedad. Este oficio debe existir y seguirá existiendo, con los protocolos de protección que debemos construir, y necesitamos ser incluidas. Ya que se habla de inclusión social, en todos los planes de Ordenamiento territorial y en la Constitución política de nuestro país”, concluye Fidelia Suarez.

Actividades sexuales pagadas

La Secretaría de la Mujer parte de la categorización de Actividades sexuales pagadas (ASP), ya que ésta permite abordar la actividad no como un acto individual (ejercicio de prostitución), ni como una identidad (prostituta o trabajadora sexual), sino como un campo de relaciones en el que interactúan varios actores.

Adicionalmente, según la entidad, permite visibilizar las situaciones de violencia, exclusión, marginalidad y estigmatización que se viven en dichos contextos, y además hace énfasis en las prácticas, requerimientos y necesidades de quienes realizan ASP.

Por eso vienen implementando, desde el 2013, la Estrategia Casa de Todas. En ella se presta atención y servicios especializados a las mujeres en todas sus diferencias y diversidad, pues se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Sobre cuántas mujeres ejercen las actividades sexuales pagadas, en Bogotá el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, como ejercicio investigativo en el año 2017, señaló que el total de personas identificados fue de 7.094. Dando de ello el siguiente análisis:

“El 96,8% (6.867) son mujeres. En relación con la orientación sexual, el mayor porcentaje de personas que ejercen prostitución se encuentra en las personas heterosexuales equivalente a un 88,1% (6.250), hay un 2,3% (164) de mujeres lesbianas que la ejercen, el 0,8% son gays (59) y el 7,7% (545) son bisexuales.

Asimismo, de las 7.094 personas que en Bogotá realizan ASP en contextos de prostitución, el mayor porcentaje se ubica en mujeres cisgénero (96,5%), el 1,8% (127) son mujeres transgénero, el 0,2% (22) hombres transgénero.

Según la caracterización elaborada por la secretaria de la mujer, el 32,7% de la población que ejercía actividades sexuales pagadas en Bogotá entre octubre y diciembre de 2017 provenía de otros países. 

Sobre la parte de sanidad para esta población, la Secretaria de la mujer señala que, se realiza a través de diferentes entidades como la Secretaria Distrital de Salud, a partir de intervenciones en inspección, vigilancia y control, antidiscriminación, observancia normativa, asistencia social, inclusión territorial y formulación e implementación de políticas públicas, entre otros.

La historia de Luisa

A los 20 años, Luisa Acosta* tuvo que abandonar a su familia y su pueblo natal de Sincelejo (Sucre) por problemas económicos. Su primer oficio en Bogotá fue como empleada doméstica. Luego trabajó en una lavandería y después en una cafetería.

En esas labores duró siete años hasta que quedó desempleada. Al ver que no le salía trabajo, aceptó las recomendaciones de su compañera, con la que compartía un pequeño apartamento.

“Mi amiga, que era camarera me decía que acá en el barrio Santa Fe se ganaba mucho mejor que en otro trabajo honrado, aunque este también es un trabajo honrado. Ya llevó 24 años en este oficio. Yo lo defino como una dama de compañía. Lo más duro fue tratar con gente desconocida. La primera vez que entré con un cliente estaba muy asustada. Me tocó tomarme un trago doble. Empezar es muy duro. La gente dice que es un trabajo fácil, pero fácil no hay nada en la vida”, señala.

Luisa duró trabajando varios años en uno de los más famosos establecimientos del sector: “el ambiente era pesado y por otros lados chévere, le tocaba a uno tomar y trasnochar. Yo bebía e iba haciendo clientes”.

Allí ganaba buen dinero. Luego pasaron los años y se fue a trabajar a las entradas de las residencias, en un ambiente diferente por donde desfilaban habitantes de calle, delincuentes, drogadictos, empleados volados de sus oficinas y jóvenes y adultos en busca de sexo.

“Este trabajo me ha servido porque pude sacar a mi única hija adelante. Ella ahora es una profesional que no sabe que yo me dedico a este oficio. Yo siempre le dije que laboraba en un restaurante. También le colaboro a mi familia, aunque no he podido conseguir una vivienda. En el tema de la salud, afortunadamente mi hija me tiene afiliada a una EPS y a veces me colabora económicamente” asegura.

Luisa se pone su propio horario. Generalmente llega al mediodía y se va a las 10 de la noche. Los viernes y sábados empieza a la 1 de la tarde y se va a las dos de la mañana. Según ella, en un buen día se puede hacer 300 mil pesos. En otras ocasiones consigue 100 y 70 mil pesos. Hay días en que se ha ido sin hacerse un solo peso. La mejor época para ella es la Navidad.

“Esto ha cambiado mucho, ya no es como antes. La pandemia nos afectó mucho. Sin embargo, los antiguos clientes me han ayudado bastante. Muchas amigas de la vieja guardia como yo, no volvieron. También nos ha afectado la numerosa llegada de extranjeras, que ofrecen los servicios bien baratos y se tiraron todo el trabajo de uno”, concluye Luisa.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.