En el marco de los esfuerzos del gobierno colombiano por consolidar la paz y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión emblemática: expulsar al sargento mayor (r) Ferney Ulmandín Causaya de este sistema de justicia transicional.
Ferney Causaya, condenado a 40 años de prisión por su participación en las desapariciones forzadas de Irma Franco Pineda, exguerrillera del M-19, y de los trabajadores del Palacio de Justicia Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández, fue señalado como responsable de crímenes ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Este episodio, uno de los más dolorosos del conflicto armado colombiano, evidenció la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del enfrentamiento entre el Estado y grupos insurgentes. La búsqueda de justicia para las víctimas de estos hechos ha sido una demanda constante de sus familias y de la sociedad civil.
La decisión de la JEP: una reafirmación del compromiso con las víctimas
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que Causaya no cumplió con las condiciones exigidas para permanecer en el sistema transicional. Su versión de los hechos fue considerada insuficiente, pues no aportó elementos nuevos ni relevantes que contribuyeran al esclarecimiento de las desapariciones forzadas.
La JEP enfatizó que el acceso a los beneficios del sistema está condicionado a la sinceridad y la colaboración activa. En su fallo, los magistrados señalaron: “Su versión no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan a esclarecer su participación y la de terceros en las conductas frente a las cuales la justicia ordinaria determinó su responsabilidad penal”.
El impacto en el camino hacia la paz
La expulsión de Causaya subraya un mensaje claro: el sistema de justicia transicional en Colombia es un espacio para quienes estén dispuestos a contribuir de manera significativa al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Esta decisión fortalece los pilares fundamentales de la paz, demostrando que la reconciliación solo es posible cuando se enfrentan con transparencia los crímenes del pasado.
Para las familias de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández, esta medida representa un avance significativo en su lucha por la verdad y la justicia. Sus nombres son un recordatorio constante de la importancia de no permitir que los crímenes del conflicto queden en el olvido.
El gobierno y la justicia transicional: una apuesta por la paz duradera
En el contexto del gobierno actual, liderado por una administración comprometida con la implementación integral del Acuerdo de Paz, decisiones como la de la JEP reflejan un esfuerzo por fortalecer la confianza en las instituciones y avanzar hacia la reconciliación nacional.
La justicia transicional, aunque enfrenta múltiples desafíos, sigue siendo un pilar esencial en la construcción de un país más justo y en paz. La expulsión de Causaya es una muestra de que el camino hacia la verdad puede ser difícil, pero es imprescindible para garantizar que los errores del pasado no se repitan.