35% de las víctimas de balas perdidas son menores de edad: Cerac

Por: Carolina Bustamante.

Según un informe revelado por el Centro de Recursos para el Análisis de conflictos (Cerac), las balas perdidas por mal uso de armas dejaron esas 170 víctimas, pero podrían ser más. Muchas no se reportan ante las autoridades y las ciudades más afectadas hoy son Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, en ese orden.

Factores culturales

El exsecretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, señala que la cantidad de armas que se portan (legales e ilegales) en el país mantienen en riesgo a las personas y propician eventos como muertes a causa de balas perdidas. Indica que existen por lo menos 500 mil salvoconductos para porte de armas y 250 mil para tenencia sin contar con las ilícitas que están en poder de grupos armados ilegales en ciudades y zonas rurales.

“Muchos de los casos donde hay víctimas por una bala perdida, se dan en festividades por disparos al aire, en medio del licor y de población menor de edad; también porque en varias regiones del país se cree que la hombría está determinada por el porte de un arma así no se tenga claro cómo usarla. Esas conductas generan muertos”.

Continúa el Cerac en su informe señalando que la situación de subregistro de estos casos es alta pues la Policía dejó de llevar una estadística de los casos en sus reportes sobre muertes y lesiones personales y por tanto estos casos quedan impunes en su mayoría. Indica: “en los últimos 6 años solo se ha logrado la captura del 12% de los responsables.

A lo anterior se suma un factor de mayor atención pues este centro de análisis asegura que el 35% de las víctimas de balas perdidas son menores de edad: “(…) la curiosidad y la menor conciencia del riesgo frente a esas situaciones podrían explicar esa mortal estadística, pues los rangos de edad más afectados están entre los 10 y 18 años, y entre los 20 y los 30”.

El reglamento para permisos especiales de porte de armas tiene como base el decreto 2362, el cual fue firmado el pasado 24 de diciembre por el presidente Iván Duque prorrogando la medida de prohibición de porte y tenencia de armas en Colombia. Sin embargo, se ha anunciado la publicación de una nueva directriz que busca especificar casos en los que se otorga dicho permiso y que aún no es pública, pero que según el ministro de defensa Guillermo Botero:

“El cumplimiento de dicha norma estará en cabeza de las Fuerzas Militares; serán verificados estrictamente los antecedentes judiciales de los solicitantes, quienes deberán justificar por escrito su necesidad de portar armas y tendrán mayor control de parte de la autoridad competente”

Adicionalmente, “La inspección de las Fuerzas Militares integrará comités evaluadores, compuestos por cinco personas en cada brigada, donde participará su respectivo comandante, para que no sea una función exclusiva -como lo era en el pasado- del Estado Mayor Conjunto”.

El solicitante tendrá que presentar pruebas documentales para comprobar que requiere del porte de armas, esto significa suministrar pruebas y comprobación de las mismas a dicho comité evaluador. Santiago Londoño, exsecretario de seguridad de Antioquia, una de las ciudades más afectadas por este fenómeno, indica que para que la situación cambie se requiere con suma urgencia un cambio en la legislación: “más fuerte en cuanto al castigo de quien utilice un arma de manera irresponsable”. Y también afirma:

“Esas acciones no pueden ser aceptadas ni aplaudidas, debe existir mayor presión social, pues si un arma está amparada no debe usarse en estado de embriaguez o de forma descontrolada en lugares públicos (…) la solución no puede ser entregar más armas sino fortalecer el Estado”.

Grupos armados ilegales

La Constitución Política de Colombia indica en el Artículo 223 capítulo 7 que “solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente” y es así como el sicariato y el tráfico de armas para Grupos Armados Organizados hacen parte del problema.

Otro experto en seguridad ciudadana, Juan Pablo Paredes, quien fungió como Secretario de Seguridad en Cali en el año 2017, opina que no importa si se trata de autoridad, un civil o un delincuente, pues el porte de un arma siempre que sea utilizado para temas de defensa personal va a generar un alto riesgo en el entorno.

Además, califica las acciones del Gobierno como mediáticas y superfluas: “La norma establecida no contempla la lucha frontal contra el tráfico de armas ilegales que es la principal fuente de ingreso y obtención de armas para delincuentes de calle y grupos al margen de la ley (…) y si bien esos grupos tienen entrenamiento militar, muchos muertos provienen del mal uso que estas personas dan a esas armas y son casos que quedan en la impunidad total”.

Se espera que antes del tercer mes de este año la directriz de porte y tenencia de armas sea publicada por el Ministerio de Defensa Nacional y que, según los expertos consultados, contemple desde el Instituto de Medicina Legal, La Policía y La Fiscalía, los reportes oficiales de muertes o heridos por balas perdidas de los que hoy no se tienen estadísticas claras, pues así las estrategias para mitigar el problema sí serían efectivas.