Comunidades negras denuncian abandono en medio del Covid-19

Por: Carolina Bustamante.

Serie: Colombianos en días de pandemia capítulo 5.

“Nuestras comunidades se han acostumbrado a vivir con pandemias anteriores: el dengue, la influenza, la malaria, el paludismo y ahora ni conocen ni comprenden lo que significa el coronavirus, pero lo más difícil es que no se quieren aislar”.

Juan de Dios Mosquera, es el director de Movimiento Afrocolombiano Cimarrón y describe la fortaleza de su pueblo negro, compuesto por afrodescendientes, raizales y palenqueros, como una raza sobreviviente al hambre, la guerra y las enfermedades, pero que hoy está en situación de riesgo frente a una pandemia por el Covid-19, el cual sobrepasa la medicina ancestral de su gente.

“Al interior de las comunidades negras afrocolombianas hay un nivel muy alto de analfabetismo y ellos creen que la coronavirus es una distracción del Gobierno; que es una gripa común que se puede solucionar con remedios caseros porque no tienen ni el conocimiento ni la dimensión de lo que ha generado”.

En el país, según el censo de 2018 revelado por el DANE, existen 2 millones 982 mil 224 miembros del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Sin embargo, para ellos la cifra podría ser cinco veces mayor. “Hay zonas del país donde nunca se han realizado un censo, por descuidos del Estado y por ser zonas demasiado aparadas o de violencia armada” entre otras razones, pero lo que sí es seguro, es que esta población tiene presencia en todo el territorio nacional, asegura el director de Cimarrón.

En 29 de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá que componen el país, hay representación de esta etnia especialmente en el Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Antioquia, Cauca, Nariño, Cesar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bogotá, Guajira, el Archipiélago de San Andrés, Santander, Risaralda, Caldas y Cundinamarca.

A esta etnia la recorre mucha historia y diversidad heredada de africanos, indígenas, españoles, franceses, ingleses y holandeses que obliga a comprender sus diferencias, su visión del mundo y sus culturas, pero que, en conjunto, les permitió a partir de la Constitución de 1991 ser ´sujetos de derechos´. Aunque para ellos, señala Juan de Dios, no han sido tangibles en medio de una emergencia sanitaria, económica y social como la actual.

“Tenemos derecho a salud, pero no es digna ni eficiente; a una vivienda y seguimos viviendo confinados o en ´cambuches´; a educación que no nos permita competir; a la vida y vivimos en medio de zonas de conflicto armado que, entre otras cosas, nos obligan a desplazarnos y peor aún: la necesidad y la falta de un proyecto de desarrollo para los afros alimentan el reclutamiento de nuestros jóvenes a grupos armados que al final los obligan a sembrar coca”.

Abel Hernández es el presidente de la Junta Directiva del Consejo Comunitario MA-KANKAMANÁ, de San Basilio de Palenque, que cuenta con 6.637 palenqueros en Bolívar, no duda en reclamar “¿por qué las ayudas del Gobierno Nacional y local se han centrado para esta etnia en ayudas alimentarias, cuando nuestras necesidades sobrepasan, desde tiempo atrás, este factor y hoy se hace mucho más diciente frente a la necesidad en salud para nuestra gente?”.

Insiste en que “La autoridad de salud, pasados dos meses de confinamiento, no ha llegado a San Basilio de Palenque. No se ha dado una orientación al pueblo sobre cuidado y protección contra el coronavirus, qué hacer, cómo hacerlo y de una forma didáctica con la cual la gente entienda y es más, ni siquiera las calles han sido desinfectadas y llegan constantemente turistas desde Cartagena, porque pareciera no hay un control sobre su movilidad”.

El 25 de marzo del año en curso, el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección, y manejo de casos de coronavirus para población étnica en Colombia, allí señalan explícitamente las acciones que se debieron implementar en dichos territorios en materia de salubridad y prevención.

“(…) Limitar el ingreso de turistas y desarrollar estrategias comunicativas con mensajes claros y sencillos, además de garantizar el acceso a la información por parte de toda la comunidad, según la cultura y cosmovisión de cada grupo étnico, que faciliten la interacción, el flujo de información y comunicación efectiva de los mensajes así como implementar medidas para la limpieza y desinfección del entorno hogar y comunitario”, se lee en el documento de lineamientos.

A la falta de acompañamiento en medidas de salubridad y hospitales dotados para su atención, se suma la imposibilidad de generar dinero para su sustento y el de sus comunidades, muchas de las cuales viven del turismo como los raizales ubicados en San Andrés, Santa Catalina y Providencia y que llegan a los 25 mil 500 según el último censo del Estado.

Allí Josefina Huggington, miembro de la Autoridad Raizal de Providencia y Santa Catalina y presidenta del Movimiento de Veedurías Cívicas ´Old Providence, asegura que el 93 % de su gente está en quiebra pero no responsabiliza a la pandemia y lo que ha generado en Colombia, sino a la falta de políticas y proyectos de desarrollo sostenible, desde años tras, para el turismo y el archipiélago por parte del Gobierno Nacional.

“Estamos con cero ingresos, sin poder salir, mi hijo sale a escondidas a la playa a ver si consigue un pescado para que podemos comer porque he recibido en dos meses un solo mercado de ayuda humanitaria y eso ha sido insuficiente. Por parte del gobierno no se hizo un plan de choque para lo que a nosotros nos está ocurriendo”.

Pero además, Josefina también reclama acciones que para ella resultan inverosímiles: “Como es posible que el Gobierno nos tenga estratificados si acá los raizales no tenemos servicios públicos, agua potable, alcantarillado, no hay hospital en Santa Catalina y Providencia, y por dedicarnos al turismo nos ubicaron en estrato 5”.

Para la comunidad negra el coronavirus no representa un mal mayor, frente a otras enfermedades con las que viven diariamente y que se atienden a punta de hierbas y medicina ancestral, pero si un factor que les aumenta el hambre y la pobreza.

“Es paradójico porque pese al hambre que hoy tienen nuestras comunidades, en el pasado, antes de la pandemia, esta estuvo está vigente. En el Pacifico se abandonó la siembra de cultivos de pancoger que sostenían a nuestra gente y se cambiaron por la minería ilegal y la siembra de cultivos ilícitos y pese al confinamiento hay quienes deciden irse a estas áreas para conseguir dinero, pero la plata no se come”.

El director de Cimarrón asegura que una forma de comprobar que el Estado no está en sus territorios y que el Gobierno no ha generado ese desplazamiento es “la presencia de la guerrilla del ELN en territorios afrodescendientes, donde han sido ellos quienes están controlando al cuarentena y obligando a la población a cumplirla. Claro, cuando no se llevan a los jóvenes a sembrar coca, y generando en alguno casos desplazamientos masivos en medio del confinamiento a grandes ciudades”.

Pero la vida en grandes capitales para la comunidad negra cambia radicalmente y así lo ratifica Fabiola Piñacué, Gerente de Etnias del distrito capital, donde existen 240 organizaciones de comunidad negra que se han visto en la obligación de protegerse contra un virus, subsistir y escapar del conflicto armado.

“Es mucho más fácil estar en el campo en términos de comida, aunque no hay la misma cantidad se encuentra plátano, arracacha, algo de fruta pero acá, en el cemento, si usted no trabaja es muy difícil poder sobrevivir. Entonces están en el limbo. Vienen en busca de mitigar hambre y tener mayor seguridad y se van por lo mismo”.

Si bien es cierto que estas comunidades han recibido apoyo humanitario en algunas regiones del país; Fabiola Piñacué asegura que han hecho caracterizaciones, por lo menos en Bogotá, Valle, Nariño, Chocó, Bolívar y el Archipiélago de San Andrés, para la entrega de dichas ayudas, pero reconoce que se hace insuficiente y que no se ha podido llegar a todas las regiones.

Según denuncia Juan de Dios, a la fecha no hay un registro exacto de la cantidad de población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera contagiada por Covid-19 en el país pero sí más de 250 investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría a mandatarios, y ordenadores del gasto de diferentes entidades que han manejado el recurso para esta población y que se ha perdido sin explicación.

“El manejo de las administraciones de los alcaldes y gobernadores se ha venido convirtiendo en un obstáculo para el progreso y el desarrollo integral de los pueblos y constituye esa corrupción, el mayor factor de riesgo para una tragedia por el coronavirus”.

Este contexto lleva a los voceros de esta población a pedir al Gobierno Nacional a ser tratados y vistos como una comunidad étnica que es ´sujeto de derechos´, para que los eduque en protección sanitaria y haga consiente a las comunidades que por el momento, la medicina ancestral no curará del Covid-19, pero garantizando salud y atención alimentaria digna.