Derechos humanos de las personas mayores: buscando eliminar la discriminación

En septiembre de 2022, el gobierno nacional ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos de las personas mayores. Este instrumento se adoptó en 2015 y entró en vigor en 2017. A la fecha son 35 los países integrantes de la Organización de Estados Americanos que se han adherido.

Esta convención incluye 27 derechos y es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento. Con ella las personas de 60 años o más tienen un instrumento para hacer valer sus derechos. De tal forma se aboga por que la sociedad evite que en cualquiera de los ámbitos de la vida se discrimine a las personas mayores.

A la luz de la Convención, el Estado colombiano tiene la obligación de dar garantías de una vida digna a esta población, que pronto llegará al 20%. Esto adquiere aún más trascendencia si se considera que las personas mayores poco a poco irán ocupando un lugar más amplio en la pirámide poblacional, mientras que los niños y jóvenes irán disminuyendo.

Además de la eliminación de todas las formas de discriminación, entre otros aspectos, el espíritu de esta Convención está en la creación de condiciones para lograr que las personas vivan la vejez con la mayor autonomía e independencia posibles. Es decir, que puedan tomar decisiones según sus deseos, intereses y expectativas.

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Así, se busca cancelar de una vez por todas el peligroso estereotipo que vincula la vejez con enfermedad y minusvalía. Muy por el contrario, la Convención aboga por un respeto a esta etapa del curso de vida en la que se consolida la experiencia y una gran capacidad de hacer aportes a la sociedad.

Colombia tiene cada vez más personas viejas, además, en este grupo poblacional son más las mujeres que los hombres. Así mismo, hay cada vez más hogares unipersonales. Todas estas circunstancias deben tomarse en cuenta para diseñar estrategias que garanticen el equilibrio económico y social.

La Convención, construida sobre un enfoque de derechos, que supera el asistencialismo, obliga al Estado y a la sociedad a poner en marcha todos los recursos posibles, tanto económicos, educativos, de infraestructura en salud, de empleo, pero también afectivos y de apoyo, para que, a partir de una estructura institucional, pero también intergeneracional, se abran camino acciones y actitudes hacia la vejez, más abiertas, comprensivas, pero sobre todo respetuosas y garantistas de sus derechos.

En Colombia, todavía son muchas las personas mayores que no tienen un mínimo vital, y otras tantas que sufren enfermedades que podrían prevenirse con atención oportuna. Muchas otras sufren el abandono de parte de sus familias y del propio Estado.

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Estas y muchas otras circunstancias que se han acumulado en el tiempo son las que deben cambiar. La ratificación que hizo Colombia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un gran paso. Su puesta en práctica exige de una coordinación de esfuerzos institucionales y de la insistencia de la propia sociedad civil.

Aún está pendiente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta se cumple en 2030, cuando se espera que el mundo entero haya alcanzado importantes logros en la erradicación de la pobreza y el hambre, en el acceso pleno a agua potable y al trabajo decente, entre otros tantos objetivos. Allí, en cada uno de ellos será necesario verificar qué tanto se atendió a las personas mayores; es decir, a aquellas que merecen todo el soporte que nos brindaron.